Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, junto al Subdirector del Centro de Investigación Marina Copas Sur-Austral y miembro del equipo de científicos independientes a cargo del estudio del fenómeno de la marea roja que afecta la zona sur de nuestro país, Fabián Tapia, supervisaron la recalada del buque «Cabo de Hornos», el que tras 11 días de campaña recaló este viernes -3 de junio- en la Base Naval de Talcahuano.
El buque científico llegó a la ciudad puerto con parte importante de las muestras obtenidas en la campaña que incluyó un track de navegación de más de 500 millas náuticas por las costas de las regiones de Los Lagos, Los Ríos y alrededores del archipiélago de Chiloé donde se identificaron 15 puntos de colecta de datos y en la que participaron pescadores artesanales como observadores.
Según explicó Tapia, las muestras serán analizadas en laboratorios de las universidades de Los Lagos, Concepción y la Pontifica Universidad Católica de Chile y si se requiere además se enviarán al extranjero en donde se espera tener resultados durante los próximos tres meses. El investigador aseguró además que «son un set de observaciones tanto en agua como en sedimento por los cuales queremos entender un poco mejor cual fue la distribución de ciertas propiedades químicas del agua y también del dinoflagelado que causa esta marea roja tóxica».
Por su parte el Subsecretario Súnico indicó que «en los próximos tres meses vamos a tener una respuesta por parte de los científicos, una respuesta de carácter independiente y que esperamos sirva para tomar medidas de manejo futuro de este tipo de eventos que suceden en el litoral chileno».
Cabe destacar que unas de las primeras conclusiones que adelantó el equipo de científicos tras el viaje fue la disminución de la intensidad de las microalgas nocivas en la zona sur de nuestro país, no obstante Súnico afirmó que «el hecho que disminuyan las algas que generan la marea roja no significa que los mariscos se hayan desintoxicados, por eso es que la revisión es permanente por parte de los equipos de monitoreo del Ministerio de Salud con el objetivo de ir determinando en qué áreas puede abrirse o cerrarse la extracción dependiendo del grado de toxicidad en que se encuentren los recursos».
Según estimaciones de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el estudio hasta la fecha ha alcanzado un costo de 242 millones de pesos.
