Durante audiencia de control de la detención y formalización de la investigación, el Fiscal Jefe de Puerto Varas, Daniel Alvarado Tíquer, señaló que los hechos habrían ocurrido en un contexto de violencia intrafamiliar y que se registraron este jueves 22 de septiembre en el domicilio de ex conviviente del edil puertovarino.
Por los delitos de daños simples y violación de morada, éste último en contexto de violencia intrafamiliar, esta mañana se formalizó investigación en contra de Álvaro Berger Schmidt, alcalde de Puerto Varas. La audiencia de control de la detención y formalización se llevó a efecto ante el Juzgado de Garantía de la ciudad lacustre, oportunidad en que el Fiscal Jefe Daniel Alvarado Tíquer, fue el encargado de exponer los hechos por los cuales se está indagando al edil.
Según se expuso en la audiencia, el día jueves 22 de septiembre de 2016, alrededor de las 10:20 horas de la mañana, Berger llegó hasta el domicilio de su ex conviviente, ubicado en la Parcelación La Laja, en la comuna de Puerto Varas, con la finalidad de retirar especies que serían de su propiedad. Ante la negativa de la mujer de permitirle el acceso al lugar, «el imputado quebró el vidrio de una de las ventanas del frontis de la casa, causando daños que superan 01 UTM , para ingresar por esa vía al interior del inmueble, accediendo así a la casa habitación, sin la voluntad de su moradora», indicó el fiscal, quien añadió que en atención a lo anterior, la ofendida y dos personas que la acompañaban, «debieron salir del domicilio en tanto el imputado permanecía al interior del inmueble, solicitando la víctima el auxilio de Carabineros de Puerto Varas».
Momentos después, el imputado se retiró del lugar en el mismo vehículo en que se movilizaba, siendo posteriormente detenido por Carabineros en las afueras de su domicilio ubicado en Parcelación Santa Inés».
El representante del Ministerio Público indicó en la misma audiencia que los delitos que se imputan a Alvaro Berger son en calidad de autor. Al término de la audiencia se fijó como medida cautelar la prohibición de acercarse a la víctima, ya sea en su domicilio, lugar de trabajo o donde ésta se encuentre. Se determinó un plazo de 90 días para el desarrollo de las diligencias investigativas.
Durante la audiencia la defensa cuestionó la legalidad de la detención, la que fue declarada como ajustada a Derecho por parte de la jueza Paulina Tapia.
