Dr. Manuel José Irarrázaval
Director del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS)
Profesor José Manuel Cousiño
Académico Universidad San Sebastián
El tema de los medicamentos ha ocupado la agenda pública por la acusación de colusión de tres laboratorios productores de inyectables que fueron querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Pero también porque los precios parecen altos e inasequibles para segmentos importantes de la población, situación que fue mencionada incluso en la reciente campaña presidencial.
Lo primero que es necesario considerar es que Chile tiene una absoluta dependencia del exterior en cuanto a productos farmacéuticos terminados y a materias primas activas e inactivas requeridas para fabricar localmente los productos. En el país no hay síntesis de materias primas farmacéuticas, por lo tanto los costos y consecuentemente los precios de los medicamentos, también dependen significativamente del mercado externo, lo que se evidencia por la comercialización de los productos innovadores por parte de las corporaciones farmacéuticas internacionales y por las compañías extranjeras que fabrican y exportan materias primas a nuestro país.
Por lo tanto, debemos redoblar los esfuerzos para controlar la calidad, tanto de los productos terminados, como de las materias primas importadas. El Instituto de Salud Pública es muy relevante en la aplicación y vigilancia de la reglamentación que rige esta delicada materia.
Algunas estrategias para superar este problema:
El Estado debe estar informado de los costos internacionales de los productos y fortalecer a la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST), para que mediante licitaciones internacionales -utilizando su gran poder de compra-, intervenga en el mercado, ofreciendo amplio acceso a dichos productos a precios razonables, fomente la libre competencia entre los distribuidores sin necesariamente controlar los precios, ni tampoco impedir la libre participación de los actuales agentes del mercado.
La segunda estrategia es reimpulsar con decisión la política pública de la bioequivalencia y de la intercambiabilidad de los productos, para lo cual se propone avanzar al 50% del arsenal farmacológico factible de demostrar bioequivalencia en el marco de una nueva política de genéricos bioequivalentes. Hoy asistimos a un frenazo que ya lleva dos años, en que los medicamentos que debieran demostrar bioequivalencia, han sido detenidos con cierta tolerancia de la autoridad respectiva, con el argumento de que “la industria podría haber llegado al límite de su capacidad de respuesta”, cuestión claramente inaceptable.
Es necesario educar a la población chilena de que un medicamento bioequivalente tiene exactamente el mismo comportamiento clínico que un producto original o de referencia y que reglamentariamente puede ser intercambiable, de modo que disminuya significativamente el actual 32% de personas que ni siquiera los solicitan.
Además, encontramos que sólo en el 36% de las farmacias, existía disponibilidad del medicamento bioequivalente solicitado. Esto, obviamente requiere de un control más exigente de parte de la autoridad.
También sería una medida favorable, el promover el desarrollo de sistemas de “información inteligente” accesible para los 28 millones de teléfonos celulares, acerca de la disponibilidad, precios y ubicación de las farmacias que cumplen la Ley.
Adicionalmente, es necesario continuar dictando decretos para incorporar los necesarios principios activos que ya están estudiados y que no han sido incluidos en anteriores listas. Si se logra todo esto, el problema de los precios y de la calidad certificada por la bioequivalencia, una inmensa cantidad de personas podría acceder a medicamentos a precios más razonables y calidad asegurada.
Y por supuesto, deben haber sanciones ejemplares con castigos severos para terminar con las actividades colusivas, que van totalmente en contra de lo expresado en esta opinión académica.
