Pedro Díaz Polanco
Director de la Escuela de Administración Pública
Universidad Austral de Chile
La situación política y humanitaria que se vive en Venezuela ha provocado que los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, y en función de lo señalado en el artículo 14 (1) del Estatuto de Roma, solicitaran a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue la situación humanitaria que está ocurriendo en el país llanero, lo que podría significar evidenciar la existencia de crímenes de lesa humanidad a partir de las políticas implementadas desde el 2014 por el gobierno de Nicolás Maduro.
Esta acción se suma al procedimiento que abriera de oficio la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en febrero del 2017, la que sustentada en el artículo 13(c) del Estatuto de Roma, busca iniciar una investigación preliminar que pudiera determinar si en Venezuela, al menos desde abril del 2017, se han cometido algunos de los crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y que generan la competencia de La Corte Penal Internacional.
Al respecto, es importante señalar que ambas iniciativas –si bien presentan el mismo objetivo– tienen sendas diferencias procesales; diferencias que influyen en los tiempos asociados a la finalización del proceso. Esto es así, ya que en el caso de la actuación de oficio –y en función de lo señalado en el artículo 15(3) del Estatuto de Roma– los resultados de las indagaciones son presentadas por la Fiscalía a la Sala de Cuestiones Preliminares de La Corte Penal Internacional, entidad que finalmente determina la admisión de la causa y permite –en caso de validar las pruebas– dar inicio a una investigación que potencialmente podría finalizar en la asignación de alguna responsabilidad penal individual. Sin embargo, en el caso de la acción iniciada por los Estados pertenecientes al Grupo de Lima, se busca que la investigación final de la Fiscalía se inicie en forma directa y así no se tenga que pasar por la actuación y decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de La Corte Penal Internacional.
En cualquier caso, los tiempos procesales de La Corte Penal Internacional están asociados a años por lo que se ha de entender que la iniciativa de los Estados pertenecientes al Grupo de Lima se presenta como un mecanismo de presión al gobierno de Nicolás Maduro y como un llamado a la comunidad internacional para que algunos de sus miembros dejen de apoyar al gobierno venezolano.
