Pedro Díaz Polanco
Director de la Escuela de Administración Pública
Universidad Austral de Chile
El tema de la migración se ha consolidado como un fenómeno que merece la atención internacional en función de los principios de cooperación que promueve Naciones Unidas así como por los efectos económicos y sociales que la migración ha generado en distintas sociedades. Ante esto, y en aras de acordar posiciones comunes, Naciones Unidas –y después que la Asamblea General aprobase en julio la iniciativa– convocó a una conferencia en Marrakech a fin de plasmar un Pacto capaz de evidenciar la voluntad de los Estados en lograr que la migración se pueda materializar de manera segura y siempre considerando las necesarias condiciones de dignidad hacia los migrantes.
Al respecto, y a modo de contextualización, resulta importante señalar que el Pacto en cuestión no tiene el carácter de vinculante ni tampoco condiciona el atributo de la soberanía de los Estados; uno de los principales pilares del sistema internacional. Muy por el contrario, el Pacto se basa en los principios que hoy el sistema internacional reconoce y promueve. Así entonces, y teniendo estas consideraciones en mente, resulta inentendible que algunos Estados, entre ellos Chile, se hayan restado de participar en la Conferencia.
En esencia, la Conferencia de Marrakech daba cuenta del desarrollo progresivo del multilateralismo que promueve Naciones Unidas y que tanto anhelan los Estados menos favorecidos del sistema internacional a la hora de plasmar sus posiciones en planos de igualdad respecto a las visiones que presentan las potencias. En ese sentido, y como crítica a la negativa de algunos Estados en participar de la Conferencia, puedo señalar que ellos perdieron la oportunidad de utilizar al foro como el espacio idóneo para poder refrendar sus intereses particulares en torno a los que son sus propios entendimientos de lo que es su migración.
En el caso de Chile, nuestro país rehusó estar en la Conferencia a partir de un mal entendimiento de los potenciales efectos de la participación. Esto es así, ya que al asumir correctamente que el Pacto sería aprobado en la Conferencia de Marrakech, el gobierno de Sebastián Piñera no quiso abrir una ventana para que el Pacto fuese utilizado para evidenciar una suerte de incongruencia respecto a las normas y prácticas que Chile está teniendo en torno a lo que es el trato con sus migrantes.
Esta decisión da cuenta de una ignorancia en lo que respecta al derecho internacional. Lo anterior, en virtud que la posición del gobierno estaba asegurada a partir de dos factores: primero, el carácter no vinculante del Pacto; y, en segundo lugar, y en el caso que los postulados del Pacto alcancen con el tiempo obligatoriedad en función de su peso consuetudinario, la posición de objetor persistente que Chile pudiera haber adoptado, y con lo cual niega cualquier posibilidad para que una costumbre internacional le sea impuesta en virtud de haberse opuesto a su carácter obligatorio desde su origen.
