Sofía Bohle
Seremi del Trabajo y Previsión Social (s)
El 1 de enero de 2019 entró en vigencia la Ley N°21.054 que elimina la distinción entre obreros y empleados. La iniciativa, implementada durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, deja atrás cualquier trato discriminatorio entre trabajadores.
Con la antigua normativa, los trabajadores adheridos al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) que tenían calidad jurídica de empleados eran trasladados en caso de accidente del trabajo o de trayecto a cualquier prestador público o privado de la red de ISL, mientras que los obreros sólo podían ser atendidos en establecimientos de salud pública.
A contar del 1 de enero de este año, todas las trabajadoras y trabajadores adheridos a nuestros Instituto, que sufran un accidente del trabajo de trayecto y/o enfermedad profesional, pueden atenderse -sin distinción- en cualquier prestador médico en convenio con ISL. En nuestra región, tenemos aproximadamente 55 mil trabajadores adheridos, siendo a lo menos 20 mil de ellos de calidad obrero según estimación por sector económico, por lo que la entrada en vigencia de esta ley tendrá un alto impacto operativo beneficiando a un gran número de trabajadores.
La entrada en vigencia de la Ley N°21.054 considera la implementación de un nuevo modelo de atención denominado “ventanilla única”, a través del cual se recepcionan y tramitan licencias médicas tipo 5 de accidentes del trabajo o trayecto y tipo 6 de enfermedad profesional, incluyendo el pago del subsidio por incapacidad laboral. Este sistema tiene por objetivo reducir los tiempos asociados a la tramitación de licencias médicas brindando un servicio más expedito a nuestros adheridos y un pago más oportuno.
Como ISL nos encontramos implementando un proceso de fortalecimiento operacional para mejorar la calidad y cobertura de las prestaciones médicas a nuestros usuarios, con la finalidad de garantizar una atención más eficiente y oportuna. Dentro de este proceso se encuentra la mejora de nuestros sistemas informáticos; gestión de la información, infraestructura, simplificación de trámites, entre otros. Inclusive esperamos que estos nuevos procesos incidan en el rediseño de líneas de prevención de riesgos y el levantamiento de políticas públicas en materia de salud ocupacional.
