Dr. Carlos Haefner, profesor Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt.
Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Transformación Digital del Estado, y con ello se da un paso muy significativo en activar el proceso de modernización de la gestión pública que tanto requiere el país. Esta ley no solo permitirá ir avanzando en forma gradual pero sostenida en configurar un Estado más ágil, eficiente y efectivo en la producción y distribución de bienes y servicios de calidad a la ciudadanía.
Esta ley viene a incidir fuertemente en la concepción y procesos de los actos administrativos estatales, al plantearse como objetivo lograr alcanzar un estado de cero papeles y cero filas. Y con ello desplegar procesos digitalizados que, sin duda, lograrán romper con el paradigma burocrático que aún pesa en forma importante en el sistema de toma de decisiones de la gestión gubernamental.
La “cultura del trámite” es una pesada carga que debe sobrellevar el ciudadano al enfrentarse a muchas ventanillas públicas de diversos servicios del Estado. Es recurrente la queja ciudadana y de las empresas en torno a la falta de coordinación entre organismos público para abordar la resolución de un trámite, el cual – no pocas veces – requiere de varias interacciones para su resolución, lo que aumenta los costos de transacción y los tiempos de espera para ver un resultado concordante con el requerimiento hecho por el ciudadano.
La ley de transformación digital potenciara aún más los procesos de innovación en la materia que el Estado de Chile ha venido implementado en sus diferentes niveles de decisión desde mediados de los años 90. Tales esfuerzos le han permitido al país situarse en una posición de liderazgo en programas modernizadores orientados a ir reduciendo la complejidad de la burocracia. De acuerdo al reciente estudio “El fin del trámite eterno” (BID,2018), en América Latina un trámite toma un promedio de 5,4 horas. No obstante, las diferencias entre países son notables. Por ejemplo, mientras que en Bolivia completar un trámite conlleva más de 11 horas, en Chile una transacción equivalente se puede hacer en algo más de 2 horas y solo el 16 % de los tramites requieren 3 o más interacciones para su resolución.
Hay que señalar que esta “cultura del trámite “no solo le da la espalda a la eficiencia en un mundo cada vez más complejo basado en las tecnologías de la información, también es costoso para los contribuyentes, pues en América Latina, por ejemplo, el 89% de los tramites se hacen de manera presencial lo que requiere de miles de funcionarios destinados, por ejemplo, a atención de público de ventanilla. Mientras ello ocurre, en otras áreas estratégicas de la función pública escasean los funcionarios lo cual afecta la calidad de la gestión pública.
Chile tiene un importante camino recorrido en la digitalización del Estado, esta ley de transformación digital constituye un nuevo hito que viene a impulsar aún más los procesos que nos permita lograr no sólo efectividad pública, sino también un Estado Abierto a la ciudadanía.
