Pedro Díaz Polanco
Director de la Escuela de Administración Pública
Universidad Austral de Chile
La imagen que Chile ha proyectado hacia el exterior da cuenta de un país estable, responsable y que va camino al desarrollo de forma más rápida que los otros Estados de la región. En virtud de ello, y desde la perspectiva internacional, resulta lógico que nuestro país sea considerado elegible como sede de eventos internacionales con alcance global. En ese contexto, y durante noviembre y diciembre del presente año, Chile sería el anfitrión de la APEC y del COP25 respectivamente.
Ambos eventos, y por lo relevante de sus temáticas, configuraban una oportunidad importante para el gobierno de Sebastián Piñera en aras de querer demostrar un liderazgo internacional. A su vez, esta oportunidad se acrecentó cuando se supo que los gobiernos de EE.UU. y China estaban cerca de poner fin a la guerra comercial, lo que llevó a que los ojos del mundo se posicionaran en Chile, ya que la APEC sería el espacio idóneo para que Donald Trump y Xi Jinping pusieran fin a la guerra comercial.
Sin embargo, esta gran oportunidad política fue desperdiciada por Piñera. Esto es así, ya que las pésimas decisiones del gobierno en torno a la forma en la que se ha manejado la crisis social -y que finalmente llevaron a la instalación de un Estado de Emergencia- terminaron potenciando, multiplicando y agudizando la molestia de la población.
El deplorable manejo político e institucional de la crisis, y que la mayoría de los manifestantes han asociado y ejemplificado con la militarización de las calles del país y con la vulneración a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado, significó que la ciudadanía entendiese que el gobierno no estaba atendiendo las justas reivindicaciones sociales, dando lugar no sólo a marchas multitudinarias a lo largo del país, sino también a numerosos saqueos e incendios que han condicionado la seguridad de todos.
Bajo ese escenario, el gobierno empezó a recibir presiones provenientes de otros Estados a fin que se depusiera la actitud militarista y poco oyente respecto a lo que son las exigencias ciudadanas. En ese contexto, Piñera apostó por la implementación de medidas poco efectivas, confiando en que el fin del Estado de Excepción llevaría a bajar la intensidad de las movilizaciones.
Sin embargo, Piñera nuevamente se equivocó, ya que el reclamo de las personas movilizadas ahora no sólo se basaban en las reivindicaciones sociales históricas, sino que agregaron la vulneración de los derechos humanos realizados por agentes del Estado durante el tiempo que han durado las movilizaciones, profundizándose el quiebre entre la población y la clase política.
Ante esto, y después que empezaron a llegar los anuncios y amenazas masivas de no participación de los gobiernos a la APEC, el gobierno de Piñera quiso evitar la vergüenza internacional suspendiendo la organización tanto de la APEC como del COP25, perdiendo -a partir de sus pésimas decisiones- la oportunidad instrumental de mostrarse como un líder ante una comunidad internacional que nunca le ha reconocido el liderazgo que él quería evidenciar.
