Pedro Díaz Polanco
Director de la Escuela de Administración Pública
Universidad Austral de Chile
El debate acerca la necesidad de establecer una nueva Constitución se ha centrado en determinar cuál es el mecanismo con el que ésta se ha de implementar. Al respecto, y atendiendo a que la opción del gobierno pasa por un Congreso Constituyente y que desde las bases sociales se escucha con fuerza la idea de una Asamblea Constituyente, es necesario realizar algunas apreciaciones que ayudarán a comprender la potencial legitimidad de una u otra.
Actualmente, es conocido el desprestigio de la clase política y, específicamente, el que recae sobre el Congreso y sus miembros. Buena parte de los motivos que han generado el estallido social se debe a que nuestros representantes no han honrado la confianza que la ciudadanía depositó en ellos a la hora de elegirlos parlamentarios.
Ante esto, y a partir del actual contexto, la decisión del gobierno de patrocinar un Congreso Constituyente -esto es, que los miembros del Parlamento sean los responsables de redactar la nueva Constitución- se presenta como un injustificable absurdo y una burla a la ciudadanía respecto al discurso del gobierno relativo a que está escuchando a la ciudadanía. Esta actitud del ejecutivo no hace más que validar los argumentos de aquellos que evidencian día a día la desconfianza y molestia hacia un gobierno al que acusan de no saber escuchar.
Por otro lado, y sabiéndose que la Carta Magna ha tenido más de 40 reformas desde el retorno de la democracia, buena parte de quienes exigen una Asamblea Constituyente considera ilegitima a la Constitución vigente por ser un producto jurídico que nació en Dictadura y que hasta hoy protege su legado. Ante esto, quienes apoyan la idea de una Asamblea Constituyente exigen que la nueva Carta Magna sea escrita por el pueblo, sin la participación de los parlamentarios, en aras que el producto cuente, por un lado, con una incuestionable legitimidad de origen, y por otro, con un aterrizaje real respecto a lo que son las verdaderas reivindicaciones ciudadanas.
Al respecto, he de puntualizar un alcance que no se ha tratado en el debate en cuestión y que tiene relación directa con la legitimidad de una nueva Constitución elaborada vía Asamblea Constituyente. Me refiero al sistema electoral con el que potencialmente se elegirían a los integrantes de la Asamblea Constituyente. Esto es así, ya que ocupar el mismo modelo electoral que hoy se utiliza para elegir a nuestros parlamentarios, significaría que la mayor parte de los integrantes de la Asamblea Constituyente serían miembros de Partidos Políticos, perdiéndose la oportunidad material de tener una Asamblea Constituyente que realmente represente los intereses de la ciudadanía.
Así entonces, y de cara a la necesaria estabilidad en el país, es necesario que la nueva Constitución cuente con una legitimidad a toda prueba, lo que obliga a que el gobierno reevalúe su opción y a que los partidarios de la Asamblea Constituyentes no se limiten sólo a reivindicar el mecanismo del cambio constitucional y piensen en todos los elementos anexos que ayudarían a legitimar una nueva Constitución.
