Pedro Díaz Polanco

Director de la Escuela de Administración Pública

Universidad Austral de Chile

La PSU, como instrumento de admisión a las universidades, ha estado altamente cuestionada desde hace varios años. Lo anterior, en virtud de ser una prueba estandarizada que evidencia segregación a partir de asumir como algo natural los distintos niveles educacionales y de oportunidades que tienen los estudiantes en Chile. Esto es así, ya que los colegios a los que asisten los jóvenes más pobres entregan -respecto a la mayoría de los colegios privados- una menor cobertura curricular de aquellos contenidos que están presentes en las pruebas, configurándose a la PSU como un instrumento que perpetúa la desigualdad y la exclusión.

Al respecto, y atendiendo a los actuales problemas suscitados en la toma de la PSU, considero oportuno señalar que el problema no se limita a la existencia de una prueba estandarizada -la que siempre evidenciará algún tipo de sesgo-, sino en la actual ponderación que ésta tiene, especialmente cuando se conoce la diferencia en calidad que tiene la educación pública respecto a la privada.

En ese sentido, y en aras que el acceso a la universidad se haga en un sistema que garantice la igualdad de oportunidades, se hace necesario no sólo mejorar el instrumento, sino también intervenir la calidad de la educación pública y -de forma paralela- ofrecer una serie de mecanismos de ingreso que se hagan cargo de la desigualdad mientras ésta no se corrija.

Ante esto, considero que es correcto potenciar -como uno de los distintos criterios de admisión- la valoración que el sistema hace del rendimiento académico del estudiante durante su educación secundaria, lo que además se ha evidenciado como un buen predictor de su rendimiento académico en la etapa universitaria. El Programa Ranking 850 y el Sistema PACE van en esa línea.

Al respecto, y como una forma de optimizar la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la universidad, considero interesante analizar la posibilidad de establecer un sistema de acceso construido a partir de un Ranking de carácter disciplinar, considerando para ello el rendimiento académico del estudiante secundario por áreas diferenciadas, lo que permitiría que el estudiante ingrese a carreras que son pertinentes a sus mayores fortalezas.

No obstante, y con independencia a la reponderación de algunos criterios de admisión o la creación de otros mecanismos, es esencial que la educación pública se potencie en calidad y que el Estado se comprometa no sólo a asegurar el acceso, sino también a todo aquello que permita establecer a la educación como un derecho que tributa en plenitud a la igualdad de oportunidades.