La clase política, y que ha sido merecidamente responsabilizada por el masivo descontento social, político y económico que existe en el país, fue remecida por el estallido social. Esto llevó a que numerosos parlamentarios -y de distintos sectores- se apresuraran a declarar -en múltiples ocasiones- que tenían toda la disposición a realizar los cambios necesarios que permitan recuperar la confianza perdida.
Sin embargo, y casi de manera burlesca respecto a lo que son las exigencias ciudadanas, el Congreso no ha hecho más que potenciar la desaprobación de sus integrantes, configurándose como una institución que cada día está más alejada de las personas. Esto es así, ya que los intereses de la ciudadanía han sido instrumentalizados en función de los egoísmos partidistas y de los propios parlamentarios.
A modo de ejemplo, y algo que desgraciadamente la mayoría de la ciudadanía se ha negado a ver o a entender, está la trampa del denominado proceso constituyente. Esto es así, ya que la Convención Mixta o la Convención Constituyente -como potencial producto del triunfo del Apruebo- busca potenciar las opciones electorales de personas que provienen o son apoyados por partidos políticos en desmedro de las opciones que tienen aquellas candidaturas que nacen desde el mundo independiente. Es decir, y a partir de lo que es configuración electoral con la que se elegirán a las personas que redactarán la nueva Constitución, se puede proyectar que la potencial Carta Magna será redactada por una mayoría que representa a aquellos que durante años negaron la posibilidad de realizar verdaderos cambios, evidenciándose una grosera manipulación que hizo el Congreso respecto a lo que es una sentida reivindicación ciudadana.
Pero si esto fuera insuficiente, y más allá del ridículo que algunos miembros del Congreso han hecho en torno a la rebaja de las dietas parlamentarias, hoy vemos como las promesas recogidas en las declaraciones post 18 de octubre en torno a la necesidad de renovar a la política siguen siendo manipuladas en función de priorizar los intereses parlamentarios. Lo anterior, en virtud del resultado de las votaciones del proyecto que buscaba limitar las reelecciones de las autoridades.
Al respecto, y con 35 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, el Senado se pronunció a favor de limitar la reelección de las autoridades, cumpliendo así con una de las promesas post 18 de octubre. No obstante, y a la hora de dar un paso mayor a fin de tributar a la recuperación de la confianza ciudadana, el mismo Senado -y por 22 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones- no logró el quórum de 3/5 que se necesitaba para considerar que el conteo asociado a la reelección debía hacerse en forma retroactiva. Lo anterior, en función que la aprobación significaba que muchos parlamentarios no podrían presentarse a las próximas elecciones.
Ante esto, he de señalar que la no consecución del quórum necesario para la aprobación de la retroactividad no se debió sólo a los 7 votos en contra que tuvo la iniciativa, sino a las 12 abstenciones, las que -en su mayoría- se justificaron por una posición evidentemente egoísta que fueron disfrazadas con un mal ropaje ético.
La aprobación de la retroactividad requería de un quórum de 3/5 (26 votos), por lo que la abstención, y especialmente tras conocerse el resultado de la votación que limitó la reelección de las autoridades, se convertía en forma material y automática en un voto negativo.
De esta forma, hubo senadores que votaron por limitar la reelección a las próximas autoridades electas, pero cuidando que esto no les alcanzase a ellos en forma inmediata, evidenciándose el clásico e instrumental egoísmo parlamentario que tiene cansada a la ciudadanía.
Pedro Díaz Polanco
Director de la Escuela de Administración Pública
Universidad Austral de Chile
