Llevamos meses de confinamiento a causa del Covid-19 en donde nadie ha estado ajeno al cumplimiento del toque de queda y a las diversas restricciones, como la limitación del derecho a movilizarse libremente por el territorio nacional, prohibición de aglomeraciones y la imposición de la necesidad de gestionar permisos exclusivos para salir de casa. Todo lo anterior con la finalidad preventiva a causa del aumento de contagios, sobre todo en la región en la que nos encontramos en la que la cuarentena se ha formado -proporcionalmente al aumento de contagios- más rígida.
Para hacer respetar lo anterior es que el Estado dispone de diversas leyes para su cumplimiento, en tanto el poder Ejecutivo también posee la autoridad de realizar querellas por incumplimiento de la normativa, pero pareciera manifestarse un problema de selectividad a la hora de aplicar la ley por parte del Gobierno y la persecución de delitos por parte de las fuerzas policiales cuando vemos a grupos de camioneros manifestándose sin mascarillas, sin respetar el distanciamiento social, haciendo asados, consumiendo alcohol y pasándose el vaso uno a otro en plena carretera, violentando a otros colegas que optaron por no adherirse al paro “reventando” los neumáticos de sus camiones y para la guinda de la torta, contratando servicios sexuales a horas de la noche en la carretera en una especie de fiesta en la que no existe toque de queda, autoridades policiales y tampoco un juicio mínimo sobre Covid-19, quebrantando toda disposición normativa instalada por la autoridad sanitaria.
Entonces, Si bien el artículo 19° N°2 de la Constitución Política establece la igualdad ante la ley, resulta improcedente y bastante controvertible que a un profesor por dañar un torniquete en el Metro de Santiago enfrente una querella por Ley de Seguridad del Estado, pase 3 meses en Prisión Preventiva y concluya con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y firma semanal, mientras tanto un grupo de camioneros hace y deshace lo que le da la gana y no enfrenta una querella por parte del Ejecutivo, ni mucho menos ha enfrentado la represión policial a la que estamos tan acostumbrados a ver contra estudiantes, trabajadores (as) y vendedores (as) ambulantes en contextos previos a la Pandemia. Pero la cuestión es peor considerando la coyuntura, cuando la normativa a emplear es mucho más amplia y aun así no se considera su aplicación con el rigor que se requiere. Al parecer, para un grupo determinado de la población tampoco es aplicable el artículo 318 del Código Procesal Penal referido a la infracción por poner en peligro la salud pública cuando a nivel nacional contamos con más de 400 mil personas contagiadas, 6.608 de ellos y ellas pertenecientes a la Región de los Lagos y con la lamentable cifra de 69 personas fallecidas en nuestra región.
El problema de la falta de rigurosidad y de la selectividad a la hora de la aplicación de la Ley y la normativa en este sentido pueden ser peligrosas en tanto sólo tributan a la profundización de la percepción de desconfianza en las instituciones y al sentimiento de desigualdad percibido por la ciudadanía, lo cual contribuye al crecimiento de la anomia social que ha futuro muy probablemente concluirá con la desregulación moral y el progreso del desequilibrio normativo en el País.
En caso de que el ejecutivo desista aplicar Ley de Seguridad del Estado confirmaría la tesis de selectividad a la hora de persecución de delitos, así como también el establecimiento de la preconcepción más profunda sobre existencia de grupos privilegiados a los cuales la ley no es aplicable con la misma imperiosidad. Súmese a lo anterior la inactividad de las fuerzas policiales a la hora de hacer respetar la ley que hace que el panorama sea más funesto, lo cual permite aún más el actuar impune de este grupo de manifestantes que, a falta de mascarillas e insumos sanitarios básicos para combatir la pandemia, buenos son los vasos plásticos que se comparten unos a otros.
Lo anterior cómodamente considerable una falta de respeto -contando además con las amenazas de desabastecimiento de parte de uno de sus dirigentes- hacia el esforzado trabajo del personal de salud a nivel nacional que en los diversos establecimientos de salud del país luchan día a día por controlar y mantener de pie el servicio de salud en este contexto nacional de pandemia. Un paro fuera de barreras éticas y morales.
En conclusión, al parecer el enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni nadie no era nada relacionado al K-Pop, sino que, hasta el momento, venía de la mano de dos Pérez -uno dirigente camionero y el otro ministro del Interior- y un Villagrán.
Cristian De la Rosa Escobar, Estudiante Administración Pública y Cs. Políticas Universidad Austral de Chile, Puerto Montt.
