Por: Pedro Díaz Polanco, Director de la Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile.
Hay dos preguntas que la mayoría de las personas han sido invitadas a plantearse, pero que -a mi entender- no han sido contestadas con rigurosidad, lo cual es un problema de cara a determinar la legitimidad social del proceso constituyente.
Estas son:
¿Quiere la ciudadanía que la Constitución sea redactada por una mayoría que represente o esté adscrita a los partidos políticos?
¿Quieren los votantes optar por una mayoría de candidatos que representen a una ciudadanía verdaderamente independiente?
Si las personas contestaran con rigurosidad estas simples preguntas, se darían cuenta que se hace necesario conocer cómo funciona el método electoral D’Hondt, siendo ese factor el que evidencia la falta de rigurosidad cívica.
A saber:
Este método, y que se utilizará para elegir al 50% de representantes (no parlamentarios) que integrarán la Convención Mixta en caso que gane esta opción, y que se utilizará para elegir al 100% de los incumbentes en la Convención Constituyente en caso que ésta gane- se transforma en una barrera muy compleja de superar para todos los candidatos independientes, lo que implicará -en la práctica- que la mayoría de los miembros elegidos para redactar la nueva Constitución serán personas que no representarán a la ciudadanía independiente, sino que representarán a partidos políticos.
Algunas personas creerán que si la ciudadanía va a votar en masa se podrá romper esta barrera, y es ahí en donde les invito a leer sobre el método D’Hondt y la forma en la que éste se materializa.
A modo de resumen y en aras de ofrecer un ejemplo que evidencia las mínimas oportunidades de los candidatos independientes, puedo señalar que el método D’Hondt, y que en Chile reemplazó al binominal, se utiliza para que la mayor parte de los partidos políticos que están adscritos a listas electorales tengan representación. Esto implica que el método D’Hondt no está pensado para generar una igualdad de oportunidades en lo que refiere a la competencia electoral que hay entre los candidatos adscritos a partidos políticos y los candidatos independientes.
De hecho, y si analizamos cómo se ha utilizado este método en nuestro país, se puede evidenciar que de los actuales 155 diputados que hoy integran la Cámara Baja, todos llegaron al Congreso siendo miembros de algún partido político o siendo patrocinado por alguno de ellos, no habiendo -en consecuencia- ningún diputado electo que sea 100% independiente.
Ante esa realidad, he de plantear mi punto de vista:
El actual proceso constituyente está viciado desde el origen, ya que los partidos políticos plantearon un acuerdo que promovía la redacción de una nueva Constitución, pero cuidando que dicha redacción no afectase su estatus de poder en la nueva reconfiguración política y social del país, estableciendo al método D’Hondt como una garantía.
Sin temor a equivocarme, la gran mayoría de las personas queremos una nueva Constitución, capaz de garantizar no sólo el acceso a derechos sociales, sino también la calidad y oportunidad de ellos, ofreciendo obligaciones de carácter pública que permitan materializar políticas que tributen de manera efectiva a la dignidad y al bien común.
Si eso es así, y se reconoce que hay una mayoría ciudadana que considera que los partidos políticos -y los parlamentarios- no han honrado el mandato constitucional de representación que el pueblo por años les ha entregado, cabe preguntarse entonces: ¿Por qué razón las personas aprobarán un proceso de cambio que dependerá materialmente de aquellos partidos políticos que históricamente se han negado a ofrecer derechos sociales efectivos a la ciudadanía?
La respuesta parecer ser sencilla: hay un «enamoramiento» ciudadano respecto a tener una nueva Constitución, lo que invisibiliza la necesaria rigurosidad cívica que el proceso constituyente amerita.
Ante ello, debo señalar que puedo entender el «enamoramiento» de la idea y de la expectativa que hay detrás del cambio del texto constitucional, pero considero que esto no puede ser el factor principal que inspire la participación ciudadana a la hora de enfrentar el proceso. Esto es así, ya que no actuar con rigurosidad y racionalidad se transformará en un autogol que la ciudadanía todavía no se percata que lamentará.
A mi entender, es un deber cívico conocer las luces y sombras que hay en todo el proceso constituyente, y a partir de lo que es un análisis serio y riguroso, la ciudadanía debiera adoptar una decisión informada y libre de cualquier contaminación mediática e ideológica.
La sistemática instrumentalización de la ignorancia cívica que han hecho la mayoría de los partidos políticos es un medio que utilizan para que ellos puedan perpetuarse en el poder, provocando un vicio social que hoy posibilita que existan leyes que condicionan y niegan la dignidad del pueblo, las que se materializan sin la adecuada tributación efectiva al bien común.
Ante esto, se requiere que la ciudadanía adopte con rigurosidad un cambio de actitud y entienda que el empoderamiento y conocimiento cívico son esenciales respecto al rol que se debe cumplir a la hora de conformar una sociedad democrática, respetuosa y exigente de los derechos humanos.
Desgraciadamente, este proceso constituyente ha demostrado que estamos muy lejos de ello.
