Tenemos cuantiosos datos para hablar de nuestra alicaída economía mundial y local. Entramos en recesión técnica viviendo este ya, largo shock económico (y el tamaño del shock es bastante mayor a lo asentado en anteriores crisis) y si las cifras de desempleo son altas, sabemos que no reflejan a esos actores que ya no participan del mercado laboral como las mujeres que están en casa porque cumplen labores de crianza y cuidado y con esto salen del “sistema”. Igualmente, la deuda total de los hogares superaba 50% del PIB al primer trimestre de 2020 y el deudor representativo tiene créditos de consumo e hipotecarios equivalentes a 5 veces su ingreso mensual (IEF 1_2020, Banco Central). Durante este año, (oct. 2020), la deuda total de las empresas alcanzó, en el agregado, 134% del PIB. Así mismo hemos hecho uso de nuestros propios recursos utilizando un 10% de nuestros fondos de capitalización individual (casi 17.000 mil millones de dólares) y se va por el segundo. O parece que no porque el gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional o aprobaremos uno diet.
Por el momento en nuestro país no se observan salidas de capitales como sí ha sido desde otras economías emergentes y como ejemplo, los flujos financieros de no residentes han declarado moderadas salidas, en torno a los US$160 millones, en promedio mensual, durante los últimos seis meses. Al mes de mayo, se habían inyectado al sistema bancario cerca de US$14 mil millones (Algunas medidas no convencionales adoptadas han sido el programa de compra de bonos bancarios y bonos del Banco Central [BCP y BCU], acumulado en conjunto, US$13.500 millones). Por otro lado, la Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de las Colocaciones (FCIC) I y II y la Línea de Crédito de Liquidez (LCL), para fortalecer el crédito bancario, suman alrededor de US$28.600 millones. Además, se observa que la volatilidad de las paridades de monedas de países emergentes se prolonga en niveles altos respecto a lo observado en el 2019.
Recordemos que recién el 10 de noviembre se llegó a acuerdo para hacer ley la creación de una estructura legal que permita implementar, de forma transitoria y flexible, un programa fiscal adicional, de hasta un máximo de US$ 12.000 millones en los próximos 24 meses, dependiendo de los efectos económicos y sociales de la pandemia (Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19). El ministro Ignacio Briones afirmó en una columna (El Mercurio) que se ha invertido un 8,4% del PIB en la pandemia. Señaló que los aportes entregados por el Estado a las familias “superan a todos los países de la región” El Gobierno ha costeado US$ 6.200 millones en transferencias directas, en promedio US$ 1.000 millones al mes. (2,5% del PIB), la proporción más alta de la región junto a Brasil. Dentro de las partidas, el Ingreso Familiar de Emergencia involucró dispendios por US$ 3.400 millones, alcanzando a más de ocho millones de personas, cuatro de cada 10 chilenos. Por su parte, más de 1,6 millones de personas recibieron el bono clase media, con un costo de US$ 1.000 millones, mientras que los préstamos solidarios a la clase media han movilizado US$ 1.250 millones”. “A la fecha ello le ha significado al fisco movilizar más de US$ 15 mil millones, conteniendo una componente relevante de transferencias directas a las familias”, afirmó Briones.
Chile sigue con la implementación de políticas extraordinarias de liquidez y acceso al crédito que han permitido conservar condiciones financieras favorables. En parte, por las medidas de liquidez y de provisión de crédito implementadas por el Banco Central de Chile, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Ministerio de Hacienda (Por ejemplo, El Ministerio de Hacienda emitió bonos sociales por primera vez por un total US$2.111 millones). En este contexto, con la TPM en su mínimo técnico y medidas no convencionales ancladas a ella. Así y todo, se observa una aceleración similar a la de los emergentes; no obstante, el nivel de su deuda – actualmente cercano al 30% del PIB – es significativamente inferior al de otras economías. Con todo, perdura una alta incertidumbre y una mayor sensibilidad de los mercados a sucesos no previstos. Sin embargo, el sistema financiero local ha logrado soportar una coyuntura particularmente desafiante. Consignar eso sí, el detrimento de la situación patrimonial de los agentes los hace más frágiles de cara a atmósferas de tirantez adicional, esto producto de la disminución de activos y el acrecentamiento de pasivos.
Debemos mirar también el supuesto miedo que puede provocar la inflación y comentarles que desde el 2010 a la fecha siempre hemos tenido 1, 2 y hasta 3 meses con inflaciones sobre 0,5, por lo que demonizar los retiros de los fondos de las propias personas, no tiene mucha solidez técnica. Así también consignar que las reservas de nuestro país muestran el Fondo de Reserva de Pensiones con US$10.507,99 millones al 31 de mayo y el Fondo de Estabilización Económica y Social con US$10.603,84 millones; Esto, sin contar con “los otros” activos del Tesoro Público que corresponden a los excedentes estacionales de caja, producto del ciclo regular de la ejecución presupuestaria del año en curso que ascienden a US$9.568,45 millones.
Por de pronto, la economía debe funcionar porque si no, las ciudades, y por, sobre todo, las que están en cuarentena, pasarán de congeladas a momificadas; y así las personas no viven, bueno, tampoco con el COVID.
Dr. Ulises Alarcón G.
Director Instituto de Gestión e Industria
Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt
