Angélica Basoalto Rojas
Directora de la carrera de Administración Pública
Universidad San Sebastián Sede De la Patagonia
Nuestra zona macro sur austral enfrenta diferentes retos, los cuales se relacionan directamente con la expansión mantenida en las áreas de la ganadería, acuicultura e industria forestal, la compleja dispersión geográfica que posee la zona, la escasa diversificación de capital humano frente a los desafíos de la industria y el sistema económico productivo de la región obligan a responder a los actores locales de manera coordinada.
De acuerdo con datos del INE, para la macrozona sur, desde el año 2002 al año 2017, ha habido un incremento de un 56% en la población en las regiones que la componen (Los Lagos, Los Ríos, Aysén del General Carlos Ibañez del Campo y Magallanes de la Antártica Chilena) y se proyecta un aumento sostenido de la población. Para el 2021 se calcula un estimado de 7% más de habitantes. Esto como resultado del aumento de actividades basadas en el desarrollo económico de distintas áreas de la macrozona sur.
Frente a esto, resulta de vital importancia que las instituciones públicas de la zona se encuentren fortalecidas en diversos aspectos, como lo son la educación, la salud, la economía y la protección social. Será clave para estos nuevos retos que el desarrollo y fortalecimientos sea en los distintos niveles; Municipios, Gobernaciones, Gobiernos Regionales y servicios públicos en general. Las cuales deberán responder de manera eficiente a las demandas que impulsen los distintos actores.
Para ello será imprescindible la profesionalización de la función pública en todos los niveles, donde será necesario además que quienes desempeñen estas funciones posean principios; como el respeto a las normas, la motivación por el interés público y la probidad. Además de ello poseer formación en aspectos técnicos como son las políticas públicas, herramientas financieras y contables, bases jurídicas, desarrollo del pensamiento crítico y la comunicación, elementos propios de un servidor público.
El Administrador Público comprende que las consecuencias de sus acciones basadas en el análisis y posterior decisión modifican y alteran las condiciones de vida de los ciudadanos, y es por ello que pone a disposición toda su capacidad profesional.
Para tomar decisiones orientadas a cumplir con ellos, es clave la preparación técnica y ser autosuficiente en su quehacer, y por sobre todo que considere improcedente cualquier tipo de arbitrariedad en la función pública, lo cual pone en riesgo el interés general y los valores de la vocación pública.