Dr. Carlos Haefner, Instituto de Gestión e Industria, Universidad Austral de Chile
La opacidad es el lugar donde germina fértilmente la corrupción. En esos laberintos oscuros se tejen las redes de una pandemia que deteriora las instituciones y pone en jaque el desarrollo de los países.
La corrupción es un eje central de preocupación de los organismos internacionales – especialmente para la OCDE -organización a la cual pertenecemos- , Sin embargo, esta tarea no es fácil porque hay que vencer muchos enemigos, entre ellos el silencio cómplice de muchos actores políticos y sociales, las presiones y amenazas que se ciernen sobre aquellos funcionarios públicos que observan como sus organizaciones han sido coaptadas por personajes inescrupulosos que buscan el enriquecimiento rápido con cargo al erario público.
Si bien, Chile sigue manteniendo posiciones importantes en el índice de trasparencia y de gobernanza mundial, en las últimas mediciones, presenta un inquietante estancamiento en las puntuaciones de años recientes.
En un estudio de la Contraloría General de la Republica denominado “Radiografía de la corrupción en Chile “(2020), se expone en forma nítida la discusión en torno a la corrupción y cómo esta socava los cimientos de la democracia. En particular, es interesante destacar algunos hallazgos en base a una encuesta bastante amplia y diversificada. Por ejemplo, los ciudadanos creen en un 92 % que es altamente grave que un funcionario reciba dinero para acelerar un trámite, un 94,1 % cree que es muy grave que un funcionario público favorezca a un familiar o a un amigo. Asimismo, un 96,9% cree que es un acto bastante corrupto que se otorgue un beneficio a alguien por ser familiar de una autoridad.
En ese cúmulo de datos significativos hay uno que me parece altamente relevante y es lo que concierne a la denuncia de la corrupción. La complicidad de la corrupción tiene fuertes razones. Así, por ejemplo, el 35, 1 % de los ciudadanos entrevistados manifestaron que no hicieron la denuncia por haber recibido amenazas o represalias y un 47, 4 % por desconfianza en las instituciones que verán su denuncia. Esta misma pregunta, ahora respondida por los funcionarios públicos nos entrega datos aún más alarmantes respecto de por qué no se realizó una denuncia frente a hechos de corrupción. Un 47, 8 % temía haber recibido amenazas o represalias y un 43,1 % desconfió de las instituciones que verían su denuncia.
Ciertamente, estos datos no pueden seguir siendo obviado por el conjunto de la sociedad, pues estamos en un punto de no retorno si los ciudadanos seguimos tolerando que la denuncia esté amparada por un velo de impunidad que se persigue en la población. Muchos dirán –para alivianar el tema– que las denuncias son menores a la percepción, lo cual estadísticamente puede ser real, pero todos sabemos que la concentración de la toma de decisiones, la falta de rendición de cuentas, los altos niveles de discrecionalidad y aligerar deliberadamente los sistemas de control de la gestión, son condiciones propicias para gatillar la corrupción.
La lucha contra la corrupción es una lucha a favor de la libertad, en tiempos que nuestra libertad es amenazada desde diversos discursos totalizantes e intolerantes. La sociedad civil debe ser implacable con aquellos que, aprovechándose de su situación de privilegio en la función pública, debilitan nuestra convivencia social y democrática mediante sus sostenidos actos de impudicia.
