Por: Javiera Letelier Cosmelli, Académica Escuela de Arqueología, Universidad Austral de Chile y Dafna Goldschmidt Levinsky, @arqueologíahitoricasantiago.
El pasado domingo 4 de julio, Chile vivió un momento histórico, con la inauguración de la Convención Constituyente. En el acto inaugural, la presidenta electa, Elisa Loncón Antileo hizo referencia -entre muchas otras cosas que nos interpelan como sociedad y que convoca a la reflexión- a que esta nueva constitución apelará los derechos de las mujeres y niñes. Asimismo, expresó su solidaridad por los otros pueblos que sufren, mencionando en su discurso que “es vergonzoso cómo el colonialismo ha atentado y atacado a las Naciones Originarias” y exponiendo la situación que recientemente salió a la luz mediática sobre entierros masivos de niños, niñas y niñes indígenas en Canada, en el contexto de los internados administrados por el gobierno y la iglesia desde el siglo XIX.
Lamentablemente, este terrible escenario, no fue excepcional y se extendió en varias colonias europeas e incluso se intensificó con la formación de los estados, que buscaron borrar las diversas huellas culturales de los territorios para crear países estructurados en los privilegios de la cultura blanca occidental. Sin ir más lejos políticas como la mal denominada pacificación de la Araucanía en Chile y la Campaña del Desierto son muestra de aquello, a lo que se suma en el extremo sur de nuestro país, por la misma época, numerosas misiones religiosas cuyos objetivos y funcionamiento no fueron muy diferentes a los polémicos internados de Canadá.
La presencia material de los restos de estos niños, niñas y niñes olvidados intencionalmente en su condición de doble subalternidad, la de indígenas e infantes, remociona las bases sobre la que se construyeron no sólo Canadá, sino que gran parte de los países que buscaron minar desde su base a las comunidades indígenas a quienes pertenecían dichos territorios. Niños, niñas y niñes despojados de sus familias, de su tradición y territorios y que murieron en el anonimato. Cuerpos que no regresaron a sus hogares y madres y padres que murieron sin saber qué ocurrió con ellos.
Sin embargo, hoy en nuestro país y a partir de los acontecimientos históricos recientes, esperamos no necesitar de los restos materiales de los niños, niñas y niñes vulnerados bajo la tutela del Estado para hacer algo, apelamos a no tener que esperar 100 años para pedir perdón, considerando que el perdón sin justicia muchas veces son palabras vacías y una afrenta a la reivindicación que permita la construcción de un Chile mejor.
El Estado de Chile, como se señala en un informe de la PDI del año 2017, ha violado sistemáticamente los derechos de niñas, niños y niñes. Dicho informe además establece que, de 240 hogares de menores investigados, en el 100% administrados por el SENAME y en el 88% gestionado por particulares se constataron 2071 abusos y donde en un rango temporal de 12 años se registran más de 1000 muertes de menores de edad al interior de estos recintos. La vulneración se agrava si consideramos que dicho informe quedó fuera del ojo público con la finalidad de esconder la impunidad de un estado que, al igual que la iglesia y el estado canadiense, taparon por años con tierra a las víctimas, metiendo bajo la alfombra aquello que incomoda.
Todavía con las palabras de Elisa Loncón en nuestra memoria, esperemos que la nueva constitución busque ante todo sobreponer los derechos de los pueblos originarios y, principalmente, de los niños, niñas y niñes como eje del desarrollo, comprendiendo que el futuro de los niños, niñas y niñes como dijo la Mistral “siempre es hoy. Mañana será tarde”.
