Por: Dr. Carlos Haefner, Director de Vinculación con el Medio, Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt.
Las recientes denuncias en torno a situaciones de supuesta corrupción en emblemáticas municipalidades del sector oriente de la región Metropolitana, las cuales están entre las más ricas del país, no hace más que ratificar que la falta de transparencia y la ausencia de sistemas de control interno sólidos (y probos) son una constante en la gestión municipal del país.
Como sabemos la realidad municipal chilena está marcada por una alta heterogeneidad territorial e institucional a nivel local, con desiguales condiciones territoriales, sociodemográficas, capacidades financieras y de recursos humanos, pero con la responsabilidad de entregar bienes y servicios de calidad a todos(as) sus ciudadanos y ciudadanas. Cuestión que de hecho no ocurre, pues no todas se caracterizan por ser eficientes y eficaces. Y hoy ante la evidencia de los hechos, no son pocas las que también carecen de probidad.
Más allá del tamaño de la municipalidad, de las disponibilidades de recursos, su ubicación territorial y del color político de sus alcaldes, la corrupción se ha ido instalando transversalmente en la gestión local.
Ya casi no sorprende conocer denuncias sobre faltas a la probidad en la administración municipal de manera regular e incluso se empieza a constatar con fuerza la penetración del crimen organizado en sus ámbitos de gestión y de articulación socio –territorial.
La lista de situaciones de falta a la probidad se hace interminable, las cuales son diversas, preocupantes y que impactan la confianza de la ciudadanía: el caso de las luces LED, enriquecimiento ilícito, sobresueldos, uso y abuso en las corporaciones municipales, pago de excesivas horas extras, contratación de personas ligadas al narcotráfico, nepotismo, opacidad en no pocas direcciones de obras, cohecho, uso de bienes públicos para intereses particulares, contratos “truchos” a empresas de seguridad, escuelas de fútbol fantasmas, presupuestos falsos, concursos a cargos directivos y profesionales arreglados, en fin, una interminable lista de situaciones contrarias a la ética pública y muchas de ellas constitutivas de delitos.
Más allá de la diversidad de casos que se han evidenciado en tiempos recientes, todos ellos comparten – a lo menos – dos variables transversales. Por una parte, los débiles mecanismos de control interno y, por otra, la falta de procesos rigurosos de rendición de cuentas. Aspectos sustanciales en un escenario de creciente aumento de las disponibilidades de recursos financieros en las municipalidades.
Por tanto, no es novedad que los chilenos tengan una alta percepción de que las administraciones públicas se caracterizan por desplegar prácticas corruptas. Por cierto, las municipalidades son consideradas entre las instituciones de menor confianza en lo que respecta a transparencia y probidad.
Lograr con urgencia fortalecer las unidades de control interno y potenciar la labor fiscalizadora de la Contraloría General son pasos claves para contener una creciente cultura de falta a la probidad municipal, las cuales al final del día perjudican la imagen de miles de esforzados y probos funcionarios municipales que observan perplejos como su labor se ve enlodada por personas que consideran a dicha institucionalidad como un botín que debe ser capturado a toda costa para sus mezquinos intereses personales.
