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Se anunció un trabajo más extensivo para resguardar y asegurar el libre acceso al litoral, con una campaña informativa destinada a asegurar derechos de vecinos y turistas.
Autoridades municipales anunciaron la presentación de una demanda contra la particular que amenazó a una turista en Metri, agregándose a una serie de acciones tendientes a informar a los turistas y a la población respecto de sus derechos, evitando abusos en el acceso a playas y riberas.
La información se entregó en la mesa de trabajo sostenida entre el Alcalde Gervoy Paredes; Seremi de Bienes Nacionales (S), Claudio Torres; más autoridades de la Capitanía de Puerto de la Armada de Chile; y encargados de la Defensoría del Pueblo del municipio.
La decisión se adoptó para apoyar a la particular afectada, Fernanda Nieto, quien fue amenazada la semana pasada y agredida por una vecina del sector, quien intentó expulsarla del borde costero, pese a ser un bien nacional de uso público.
En la ocasión también se trabajó en la implementación de normas que aseguren el libre acceso al litoral de la comuna -de 74 kilómetros de longitud- por parte de los vecinos.
“Estamos preparados para iniciar acciones que vayan en beneficio de la persona afectada y para terminar este tipo de actitudes, lesivas al interés público”, dijo el Alcalde, mientras el seremi (S) indicó que “las personas deben aprender a convivir”.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Para Jenny Lagos, abogada de la Defensoría del Pueblo, las acciones judiciales serán presentadas a la brevedad “con el fin de que acciones como la conocida y tan lamentable, no vuelvan a ocurrir, apoyaremos a la víctima en el resguardo de sus derechos”, indicó.
Según el artículo 594 del Código Civil, se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas.
De acuerdo al cuerpo legal, las playas son bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Esto implica que el dominio y su uso pertenecen a todos los habitantes de la nación. Por lo tanto, no existen las playas privadas en ninguna región de nuestro país. Respecto de las riberas de ríos y lagos, también son considerados bienes nacionales de uso público y por tanto pertenecientes a todos los habitantes de la nación.
Aquella persona que cierre o impida el acceso a una playa, lago o río, tendrá como sanción una multa de entre diez y cien unidades tributarias mensuales. Si se produce reincidencia, la multa podrá ser hasta el doble del máximo establecido, es decir doscientas unidades tributarias mensuales. Las multas serán aplicadas por los Juzgados de Policía Local respectivos.
