#elcalbucano
Por Priscilla Brevis. Académica Escuela de Derecho Universidad de Las Américas sede Concepción.
A poco tiempo de conmemorar un nuevo Día Internacional de la Mujer, parece importante recordar que, alcanzar la igualdad de género es un desafío planteado por la ONU como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 (ODS).
Alcanzar esta igualdad y erradicar la discriminación hacia las mujeres no es un capricho o una moda, es un problema real que frena el desarrollo y daña la vida de las personas. Los movimientos feministas y la teoría de género han permitido develar que la discriminación hacia las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales, y por ello, se encuentran culturalmente enraizadas y muchas veces normalizadas.
Esta discriminación tiene múltiples consecuencias en los más diversos ámbitos políticos, económicos, en la vida social, en las familias, espacios laborales, etc. Sin embargo, hay una consecuencia que no se puede dejar de mirar, la violencia de género.
Esta violencia es una de las más extremas y generalizadas formas de discriminación, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos humanos. Las formas de violencia son múltiples, como la violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica, vicaria, por percepción, entre otras, y en algunos casos tiene como resultado la muerte de mujeres y niñas. Así, no es una teoría más decir que el año 2021 existieron al menos 44 femicidios, y el 2022 se registraron en enero, al menos 2 femicidios consumados y 8 femicidios frustrados.
El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia es un Derecho Humano, consagrado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y que se armoniza con otros derechos de las mujeres consagrados en La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Ambos tratados han sido ratificados y son normas vigentes en Chile, y le imponen al Estado una serie de obligaciones para alcanzar la erradicación de la violencia, los estereotipos de género y la discriminación. Las tareas aún son enormes. La incorporación de estos derechos de las mujeres en la nueva Constitución es un desafío todavía en debate, pero indispensable.
La discriminación por razones de género no es una ideología o una moda, es un atentado contra un derecho humano, cuya vulneración acarrea terribles consecuencias, visibles en cifras de femicidios, pero invisibles en muchos otros espacios.
