Asimetrías presupuestarias en la educación superior chilena
Las asimetrías presupuestarias para las Universidades Públicas agrupadas en la Red G9 respecto del Consorcio de Universidades Estatales (CUECH) tienen su origen en partidas exclusivas en la Ley de Presupuesto de la Nación para éstas últimas. Es importante aclarar su origen y magnitud para comprender el momento crítico que vive una buena parte de las instituciones de Educación Superior (ES) que realizan un aporte sustantivo en el desarrollo de la investigación, formación y docencia a lo largo de todo el país.
Actualmente, y debido al sistema de provisión mixta del sistema de ES, los aportes institucionales para las universidades agrupadas en la Red G9, provienen de solo tres ítems presupuestarios: Aporte fiscal directo, Educación superior regional, Basal por desempeño Universidades y Fondo de desarrollo institucional. En contraposición, el CUECH considerada diez ítems presupuestarios, entre los que se consideran aportes adicionales como el aporte para el desarrollo de actividades de interés nacional y el plan de fortalecimiento universidades estatales.
En primer lugar, es incomprensible que las universidades con vocación y servicio público como son las agrupadas en el G9, no figuren entre las destinatarias de financiamiento para el desarrollo de actividades de interés nacional. Esto porque tal como se expuso en el 2021 ante la Subsecretaría de Educación Superior y el parlamento que el fundamento que da origen a la asignación también era realizado por dichas universidades: acciones focalizadas destinadas a la vinculación con el medio, como por ejemplo, actividades culturales, patrimoniales, artísticas, de intervención comunitaria, centros científicos de relevancia nacional y conservatorios de música, iniciativas que están en el corazón de estas casas de estudio.
En segundo lugar, la Red G9 manifestó ya en el 2018 ante el Ministerio de Educación y las Comisiones de Educación y de Hacienda los efectos desastrosos que se generarían al no considerar el fortalecimiento a todas las instituciones que forman parte del Consejo de Rectores (CRUCh), si el objetivo era mejorar la educación pública de calidad. Situación que se ve aún en mayor riesgo con el cambio en el formato de la asignación del 2021 que ha implicado una caída importante en los recursos disponibles para el desarrollo de proyectos tantos institucionales como de los estudiantes.
Las cifras hablan por sí mismas. Desde 2017, los montos contenidos en las partidas presupuestarias de las universidades del estado -como Aporte Institucional- crecen a una mayor tasa que los fondos considerados para la Red G9, experimentando esta una caída en términos reales para el período. Esta caída nos lleva hoy a una brecha de recursos de casi en un 25%, sumado este contexto presupuestario, a los efectos de la crisis social y sanitaria que afectó a nuestro país desde 2019.
En nuestro diálogo constante con la institucionalidad del país, hemos entregado en los últimos años propuestas a corto, mediano y largo plazo, que lamentablemente no han sido consideradas. Es nuestro interés continuar aportando al diálogo y mirada amplia al sistema de educación superior, desde todos los ámbitos, de manera de colaborar con el entendimiento por parte de la opinión pública del quehacer, características y aportes de las universidades públicas agrupadas en la Red G9 al desarrollo de los territorios y el país.
Columna preparada por la Comisión de Vicerrectores Económicos de las Universidades
