La cohesión social y desarrollo local
La Cohesión Social es un concepto instaurado por la Unión Europea, para incentivar la generación de políticas públicas que tengan como eje central la integración social en el mundo globalizado, considerando valores basados fundamentalmente en aspectos inclusivos que, son el punto de partida para la propensión de una sociedad más justa, que no solamente este presente el estado de derecho, sino que sirva para complementar las aspiraciones legítimas de cualquier gobierno en cuanto al crecimiento económico con verdadero desarrollo, el cual, naturalmente resulta complejo para quienes hacen las evaluaciones y conclusiones de impacto social y económico, debido a que es difícil medir con estadísticas precisas el grado de desarrollo que se ha generado en un período de tiempo transcurrido en un gobierno nacional o administración local.
Ahora bien, si nos trasladamos a una localidad y su municipio, como administración local, es indudable la gran posibilidad que tiene de establecer una cohesión social, debido a la ventaja que presenta su posición privilegiada en cuanto a su proximidad (Vitoria – Gasteiz 2006), con la comunidad donde se encuentra inmersa, donde dentro de sus premisas estarían abocadas al establecimiento de consensos, instaurando la participación ciudadana, en la toma de decisiones que resultan fundamentales a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de proyecto de relevancia comunal.
Sin embargo, muy pocas administraciones locales han tomado la opción de establecer la cohesión social, soslayando la posibilidad de canalizar y descentralizar la toma de decisiones, que ciertamente ayudaría a fomentar el crecimiento y desarrollo económico y social, lo que indudablemente, potenciaría el emprendimiento y reafirmaría una cultura basada en restablecer valores propios de una identidad local permanente que tendría una trascendencia inigualable en la comunidad.
En tanto, una de las formas de operacionalizar la intención de propender a una verdadera cohesión social, estaría dado con la participación ciudadana en la toma de decisiones respecto al presupuesto local. Los llamados presupuestos participativos constituyen un ejemplo concreto de cómo distribuir el gasto público entre los distintos sectores económicos de una localidad, aunque algunos detractores del presupuesto participativo señalen que el porcentaje del gasto público que se ha determinado en algunas comunas de nuestro país sea marginal, lo más pragmático sería ir aumentando dicho porcentaje en forma progresiva, con el objetivo de presentar un espacio de seguimiento, que permita evaluar y mejorar cada una de las etapas que se han dispuesto para tomar decisiones en torno al presupuesto local.
Diversos estudios sociales y económicos realizados por instituciones de prestigio internacional, tales como CEPAL, CLACSO, PNUD, entre otros, coinciden en que las economías locales que ostentan mayores niveles de cohesión social no sólo brindan un mejor marco institucional para el crecimiento económico, sino que además tienen la oportunidad de actuar como un atractivo factor de inversión y emprendimiento real, puesto que en esas condiciones se garantizaría un ambiente que propicie confianza y certidumbre (por el hecho de tener información más precisa).
En esta esfera no se pueden dejar de lado factores como pobreza y desempleo, que afectan directamente a la cohesión social, donde una de las premisas estaría enfocada en mejorar la posición económica de los actores con menores oportunidades, puesto que, trabajar a favor de la cohesión social significa en este marco, trabajar por recrear el vínculo social el “pegamento” que, en palabras de Bauman (2004), mantiene vigente la esperanza del “volveremos a vernos mañana”.
Valorar la capacidad de emprendimiento de otras personas requiere de una voluntad explícita, la cual puede ser espontánea de cada individuo, así como también, puede ser fomentada por autoridades, empresas o servicios públicos y/o privados, etc. Las Municipalidades dentro de sus facultades, perfectamente pueden adoptar estrategias tendientes a fomentar un tejido social más inclusivo, incluyendo programas de reconocimiento a la labor social y al emprendimiento, por medio de difusión de información relevante, acerca de cualquier beneficio social o de fomento productivo que pueda ser de acceso directo a la comunidad. Es preciso reconocer que efectivamente existe información valiosa para las personas y quienes quieren emprender o postular a algún tipo de beneficio, sin embargo, existe una gran falencia en el hecho de hacer llegar tal información a los destinatarios, independientemente que en Chile se ha legislado acerca de la información pública, con las llamadas leyes de transparencia, no se garantiza explícitamente el acceso a ésta (Sánchez, 2008), por tanto, surge la pregunta de ¿Cómo generar una estrategia efectiva que pueda hacer llegar la información a los interesados?.
Una aproximación para dar respuesta a la pregunta mencionada, primero debería tener como premisa el hecho de que la sola dictación de una Ley de acceso a la información, no garantiza que llegue a los destinatarios o posibles interesados de la misma, debido a que las formas de publicar dicha información tienden a ser demasiado sesgadas, en el sentido de que no siempre se utilizan los medios de comunicación de forma eficiente, un claro ejemplo de ello son las publicaciones de concursos públicos que se realizan por intermedio de internet, sabiendo que sólo un porcentaje pequeño de personas tienen acceso a esta herramienta, independientemente de las estadísticas que señalan que cada vez existe un mayor número de personas que se conectan a internet, no se puede asegurar que aquellos que tienen acceso a esta tecnología precisamente lleguen a concretar un vínculo directo con los beneficios que pueden llegar a obtener. Entonces, surge la otra pregunta ¿qué sucede con las personas, empresas u organizaciones que no tienen acceso a internet?, siendo esto un claro ejemplo de exclusión social, ciertamente queda abierta la pregunta, pero no existe una respuesta concreta, si se pueden dar aproximaciones, tales como realizar campañas comunicacionales en terreno, pero pocas administraciones están dispuestos a llevar a cabo este tipo de iniciativas, tal vez, porque lo consideran como un gasto y no como una inversión. Pues entonces, puede surgir en esto una posible respuesta, pero estaría basada en introducir para los administraciones locales un cambio de paradigma, donde el objetivo principal de publicar la información, sería que llegue directamente a los posibles destinatarios, para ello es fundamental la voluntad de quienes poseen dicha información, lo cual fomentaría efectivamente el emprendimiento.
En concordancia con el aporte de interacciones que se ven favorecidas con el emprendimiento, se sabe que cualquier fondo concursable busca apoyar y potenciar las iniciativas que fomenten un componente de asociatividad, cuya característica principal está dada por dejar el camino libre para realizar y experimentar todas las formas que existen de vinculación entre las organizaciones, instituciones públicas y/o privadas. Para ello, resulta de real importancia considerar íntegramente las acciones que se generen con apoyo de una institucionalidad, la cual deja sentadas las bases para propiciar iniciativas entre las demás organizaciones de carácter público y/o privadas que convergen en este caso en una localidad aprovechando el sitial que hoy en día ostentan de administración de proximidad por excelencia.
Otro componente que se debe considerar para garantizar una cohesión social más llevadera, está dada en la responsabilidad que le cabe a las autoridades de crear vínculos. Pues si se analiza desde el punto de vista del deber, inclusive se puede decir que es una “obligación moral” generar estrategias que permitan la vinculación entre los habitantes de la comuna. Así como señala Edgar Morin (2004) en su libro “El derecho a la reflexión”, donde plantea un nuevo paradigma para repensar lo realizado hasta ahora, rescatando el poder de las relaciones entre los sujetos de distintas disciplinas para generar, no necesariamente consensos, sino como humildemente le llamaba aproximaciones a la resolución de conflictos, que por lo demás, reconoce que son permanentes, pero de los cuales el ser humano debe aprender a convivir con ellos, utilizándolos como experiencia en la vida, pues quien evita los conflictos se inclinará a la dependencia en forma progresiva y finalmente no será capaz de resolver sus propias necesidades.
En definitiva la cohesión social pasa, primero que todo, por voluntades ciertas y concretas de quienes conducen, ya sea una comuna, una provincia, una región o cualquier división territorial, que presente una instancia de gobernabilidad. Luego, en segundo lugar estaría identificar dónde se encuentran los personajes claves que se encuentran dispuestos a colaborar en dicha tarea, cuya característica principal estaría en identificar el compromiso que tienen con la comunidad (los personajes), tales como gremialistas, dirigentes vecinales, representantes de empresas, sindicatos que son emprendedores y visionarios cada uno en sus áreas. Obviamente para entender sus mundos debe existir una disposición a entender sus demandas, con ello, se requiere de un fuerte grado de empatía.
Teniendo los elementos descritos en el párrafo anterior se requiere de un fuerte liderazgo que sepa utilizar las distintas herramientas que vienen, ya sea de las ciencias administrativas, psicológicas, sociológicas u otras que sirvan como vehículo para crear procedimientos adecuados en la resolución de conflictos, los cuales sean la materia prima que se necesita la construcción de una cultura participativa y solidaria en la acción comunal, afianzando de esta forma las relaciones entre las entidades del ámbito territorial y la organización comunal, para fijar lineamientos claros que generen consensos, en forma más equitativa para la comunidad, colocando todos éstos elementos al servicio de una verdadera cohesión social, para una unidad territorial, llámese como sea.
Guido Asencio Gallardo
Académico
