Representantes de la sociedad civil firmaron una declaración pública donde coinciden en la necesidad de cambios legales y anunciaron que impulsarán agenda para vincular a diversos actores para apoyar un nuevo marco normativo.
Como “una agenda urgente y necesaria” calificaron representantes de organizaciones de la región de Los Lagos que decidieron articular a la sociedad civil de todo el país para visibilizar un fenómeno, a su juicio “está descontrolado y no es sostenible en el futuro” y que por ahora ha tenido atención del municipio de Puerto Varas, Valdivia y algunos servicios públicos, pero que requiere más atención.
Así lo manifestó Nicolás Coloma de la organización Corporación Estuario (Ralún) quien señaló que “lo que vemos aquí es que se gentrifica el campo, se trae la ciudad al campo, se integran animales domésticos sin control, se genera más basura, se pavimentan caminos, etc. Hay un gran impacto por los hábitos de consumo de quienes llegan y no conocen el campo o la naturaleza. Hay una fragmentación, corte de corredores biológicos, mucha demanda de agua y servicios básicos. Son problemas que tendremos de aquí a 2 ó 3 años, pero que nos demoraremos quizás 20 en solucionar”.
La paralización de cuatro proyectos inmobiliarios en sectores rurales de Puerto Varas, instruida por el municipio, y una denuncia que interpuso el SAG en tribunales además de otras acciones legales que podrían materializarse en los próximos días con el fin de detener el descontrol propiciado por algunos desarrolladores inmobiliarios que se han valido de la distorsión de la normativa vigente, son algunas de las acciones que están surgiendo desde las autoridades y que han movilizado a la sociedad civil a buscar soluciones de fondo.
En la declaración pública señalan que “valoramos y apoyamos las acciones que han llevado adelante valientemente la alcaldesa de Valdivia Carla Antmann y el Alcalde de Puerto Varas Tomás Gárate, además de las acciones penales del Consejo de Defensa del Estado en los casos de la zona costera de Valdivia, Lo Barnechea y Chicureo, las acciones de fiscalización realizadas por CONAF y SAG, y las denuncias presentadas por la Gobernadora Regional de Aysén Andrea Macías. Sin embargo, nos parece de extrema necesidad que sean más los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y servicios quienes ejerzan sus atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias en esta materia”.
Juan Carlos Viveros, coordinador general de Defendamos Chiloé dijo que “El tema de la venta indiscriminada de parcelas es de alta gravedad en nuestro archipiélago. Como si fueran pocas las presiones a los ecosistemas que tenemos, se nos viene encima otra más con estos loteos excesivos en zonas rurales. La enorme presión que significan a las fuentes de agua, a la fragmentación del bosque nativo, a las destrucción de humedales (pomponales y turberas) y todo esto sobre la fauna silvestre y todo tipo de formas de vida de nuestros ecosistemas hacen de esto un cuadro urgente de resolver”.
Por otro lado, Anaís Baraona del Movimiento Ciudadano Transforma Puerto Varas, comenta que las organizaciones se están poniendo de acuerdo en una agenda que contribuya a sentar bases para una mejor planificación del territorio. “Si en un solo año la comuna de Puerto Varas registra en el SAG 6.000 nuevas subdivisiones prediales y si en un trimestre se tramitan la misma cantidad de solicitudes de predios de todo un año es que entonces tenemos un descontrol evidente. Todas esas familias luego necesitarán agua, servicios, que les retiren la basura. Eso sería una crisis que debemos evitar”.
En el documento suscrito por una treintena de organizaciones hicieron un llamado al Ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes, a la Ministra de Medioambiente Maisa Rojas, al Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, al Ministro de Obras Públicas Juan Carlos García y a la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental Valentina Durán a:
– Aplicar la normativa vigente en cuanto a las restricciones de uso habitacional para el suelo rural, de acuerdo a lo indicado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el D.L 3.516, la Ley de Bases Generales del Medioambiente y su reglamento.
– Convocar de manera urgente a una mesa de trabajo intersectorial que comience a delinear una nueva política pública y sus consecuentes normativas para el uso y planificación del suelo rural, en la que participen servicios públicos y organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, aseguraron que en las próximas semanas, comenzarán a trabajar en una planificación para la incidencia frente a tomadores de decisión con el propósito de concretar cambios normativos y la atención de las autoridades, siendo un primer paso esta declaración suscrita por el Movimiento ciudadano Transforma Puerto Varas, Fundación Terram, ONG FIMA, Defendamos Chiloé, Oficina en Chile de RIMISP, Consejo Ciudadano Ciudad Puerto de San Antonio, Cormaipo, Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Red Ambiental Cuencas del Reloncaví, Red Ciudadana Humedales Valdivia, Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, Corporación Turismo Destino Cochamó, Fundación Defendamos la Ciudad, entre otras.
