Yerika Mendoza, presidenta de la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile (ADIMECH)
A solo semanas del plebiscito de salida del proyecto de nueva constitución, existe inquietud en el sector salud, especialmente entre los actores privados que han sido parte en la construcción del actual sistema.
En estos días hemos visto a los pagadores privados, Isapres, dando una voz de alerta sobre un eventual desmonoramiento del sistema debido a dificultades financieras de larga data, pero que se acentuaron con la pandemia, como la judicialización del alza de planes de salud y el aumento de licencias médicas. Por su parte, las clínicas, en su rol de prestadores, han visibilizado este problema cortando convenios con algunas Isapres y señalando el impacto que tendría la caída de las aseguradoras en las prestaciones que actualmente están recibiendo los pacientes.
Dicha situación, además, convive con el inminente resultado del plebiscito de la nueva constitución, que estipula la creación de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado, del que podrán formar parte prestadores públicos y privados, y que significa la desaparición de las Isapres tal cual como las conocemos hoy en día, las que podrían pasar a cumplir el rol de seguros complementarios.
Se trata, como se observa, de un cambio sustancial al modelo que actualmente rige en el país, que requiere del tiempo necesario y los procedimientos adecuados para que su implementación redunde verdaderamente en un mejoramiento de las condiciones de salud de la población. En este tránsito es necesario generar las condiciones para una efectiva integración de todos los actores que opera en el sistema, tanto públicos y privados.
Desde nuestro ámbito de acción como Asociación de Dispositivos Médicos de Chile (ADIMECH), tenemos la convicción de que es imprescindible incentivar la innovación tecnológica en un ecosistema en el cual se estimulen las sinergias y los lazos cooperativos entre las diversas instituciones y agentes que forman parte de él, incluyendo al Ministerio de Salud, las municipalidades, los hospitales y clínicas privadas, las empresas proveedoras, las universidades y centros de investigación y las organizaciones de la sociedad civil.
Así, nos parece imprescindible no olvidar un aspecto crucial: se deben generar las condiciones temporales y procedimentales que permitan desarrollar una plena y efectiva cooperación público-privada en el campo sanitario, diseñando un proceso de transición gradual y progresivo, donde predomine el diálogo entre todos los actores. Sólo así se podrá hacer realidad el derecho a la salud y bienestar integral para todas y todos los habitantes de nuestra patria. Y evitar que la salud en Chile no pase a una sala UCI.
