Luis Jiménez Cepeda
Académico Administración Pública UCEN
A fines de julio, el Gobierno anunció el fin del copago en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La medida comenzará a regir desde septiembre y beneficiará a 5.388.904 personas que se encuentran en los tramos C y D, menores de 60 años donde un 54% son hombres y un 46% mujeres. Con ello, más de 15 millones de personas que están en Fonasa, casi el 80% de la población a nivel nacional, tendrá gratuidad en la modalidad de Atención Institucional, es decir, en la Red Pública de Salud, ya que se unen a los tramos A y B que no copagan.
Es importante aclarar que las personas del tramo C perciben un ingreso imponible mensual mayor a $380.000 y menor o igual a $554.800, y copagan un 10% en las atenciones de salud en la Red Pública. En tanto las del tramo D, con un ingreso imponible mensual mayor a $554.800, copagan un 20% de las atenciones. Ambos tramos cotizan al sistema un 7 % de su sueldo imponible.
Desde el punto de vista de las prestaciones de salud, como país generamos alrededor de 110 millones de atenciones al año. De esas, 80 millones son producidas por prestadores públicos.
El anuncio provocó toda clase de comentarios incluyendo el del director de la OMS Tedros Adhanom, quien dio “la bienvenida a la decisión del Gobierno de Chile para cubrir los costos en salud de seis millones de chilenos”. Ello fue respondido positivamente por la ministra de Salud, Begoña Yarza, al afirmar lo histórico de la medida y las conversaciones que ambos habían sostenido acerca de este tema en encuentros internacionales.
Sin embargo, también ha habido fuertes críticas. Por ejemplo, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que tal medida no se acoge al principio de legalidad, ya que un cambio de esta naturaleza debe hacerse a través de ley de presupuesto, debido al impacto fiscal que provoca el copago cero, el cual supone un gasto de aproximadamente $21.000 millones al año.
La estrategia jurídica del MINSAL es modificar lo estipulado en su Resolución N° 1717 del año 1985, que determina el nivel de cobertura financiera de las prestaciones entregadas en la Red Pública. Dicho documento se trabajará entre los ministerios de Hacienda y Salud y deberá ser publicado en el Diario Oficial.
Con todo, es claro que la medida impactará positivamente en el bolsillo de miles de familias. Según el “Estudio de Caracterización del Gasto 2019”, el monto de ahorro promedio que se obtendría por hogar sería de $265.735 al año, pero si vamos a un ejemplo concreto, una persona del tramo D, con esclerosis múltiple remitente recurrente, debería pagar más de $3 millones, cosa que, a contar de septiembre, no sucederá.
En definitiva, en tiempos electorales, una medida de este tipo no permite dimensionar lo positivo de esta política pública, tal como se valora a nivel internacional.
