Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos
Javiera Fernández Académica de Carrera de Derecho UDLA Sede Viña del Mar
El pasado 18 de noviembre entró en vigencia la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Sin duda, un hito para nuestro país que responde a la histórica deuda con niños, niñas y adolescentes que ven insatisfechas sus necesidades económicas con ocasión del incumplimiento reiterado por parte de cualquiera o ambos progenitores de la pensión de alimentos que por ley tienen derecho.
Con esta normativa se pretende palear e idealmente disminuir las altas cifras de incumplimiento en esta materia, establecer una serie de medidas que contribuirán al cumplimiento de esta obligación por parte de los deudores, y también alivianar la carga que miles de madres llevan al criar a sus hijos sin apoyo económico, considerando esencialmente que 9 de cada 10 deudores de pensión de alimentos son hombres.
Es relevante tener en cuenta que el elemento principal que se requiere para ingresar a un deudor al registro es contar con una pensión de alimentos judicializada, ya sea a través de un proceso legalmente tramitado ante el respectivo tribunal de familia o de una mediación aprobada por el mismo. De la misma forma, se exige tener abierta una cuenta de ahorro para el pago de la pensión de alimentos, en la cual debe constar que el incumplimiento de este deber es igual o superior a tres meses consecutivos o cinco alternados. La constancia se logra solicitando al respectivo tribunal la liquidación de la deuda, que una vez ejecutoriada generará el ingreso automático del deudor al registro nacional. Si bien la ley consagra que las liquidaciones de deuda se realizarán de oficio por cada tribunal, es relevante considerar que solicitarla generará que el ingreso se efectúe con mayor celeridad.
Dentro de los múltiples beneficios que se le atribuyen al registro, cuyo funcionamiento y administración está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, está el concebirlo como una herramienta útil para lograr un eficaz cumplimiento a la obligación de alimentos a través de la limitación en la adquisición de bienes, créditos, documentos necesarios para salir del país y circular libremente en vehículos motorizados.
De esta forma se espera compeler a los deudores a regularizar su situación y promover la corresponsabilidad parental en la crianza de los hijos tan necesaria en nuestro país.
