El texto legal modifica diversos cuerpos legales para disminuir la exigencia de trámites ante notario para diversas diligencias.
Modificar diversos cuerpos legales para suprimir o modificar las actuaciones que deben realizarse ante un notario, es el propósito del proyecto aprobado por la Sala.
En este sentido el Diputado Bórquez valoró esta instancia que moderniza la gestión pública.
El texto presentado por el gobierno en mayo de 2020, fue respaldado, primero en términos generales, por 125 votos a favor y cinco abstenciones. Además, cinco legisladores se inhabilitaron de participar en la votación.
Luego del informe de la Comisión de Constitución, a cargo del diputado Andrés Longton (RN), se dio paso al debate. En el intervinieron los diputados Leonardo Soto (PS), Jorge Guzmán (Evopoli), Miguel Ángel Calisto (IND); Fernando Bórquez (UDI), Francisco Pulgar (IND) y Francisco Undurraga (Evopoli).
Al respecto el Diputado Fernando Bórquez dijo que, “El proyecto elimina varios cuerpos legales, por ejemplo el requisito de reducir documentos a escritura pública o de autorizar ciertos instrumentos ante notario, cuando no es estrictamente necesario, a su vez fortalece la firma de electrónica para facilitar la realización de algunas diligencias, lo que significa un avance en la modernización de la gestión pública. Hay miles de trámites que no son necesarios que pasen por manos del notario, hay trámites que los notarios certifican, pero jamás ve al usuario que está certificando si bien este proyecto va en un sentido positivo, siento que falta pulir algunos sentidos “ , explicó el parlamentario del distrito 26.
Los parlamentarios destacaron el avance de este proyecto para facilitar la vida de las personas. Pero, al mismo tiempo, plantearon que es necesario avanzar en nuevas modificaciones para terminar, con lo que denominaron, abusos de las notarías. Principalmente, se refirieron al cobro de “aranceles excesivos” de los trámites que allí se realizan.
También, solicitaron ampliar el actual número de notarios, que alcanza a 300 en el país, extender su presencia en todo el territorio y zonas extremas.
Además, remarcaron que el sistema notarial tiene una antigüedad de 150 años y debe modernizarse; al igual que el Estado debe reducir la burocracia.
A nombre del gobierno intervino en la sesión la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Sobre esta propuesta legal explicó que la “desnotarización” nace de un estudio de la Fiscalía Nacional Económica de 2018 que identificó más de 200 trámites exigidos por ley, lo que sería excesivo.
Agregó que, además, se busca disminuir los abusos, gastos excesivos y pérdida de tiempo de las y los ciudadanos. Esto, a través de promover el uso de documentos con firma electrónica avanzada.
