Francisco Vergara Director Centro de Producción del Espacio Universidad de Las Américas
Muchas veces pareciera ser que en Chile el problema solo existe cuando ocurre una catástrofe de magnitudes masivas. El campamento Felipe Camiroaga es posiblemente el asentamiento informal más grande del país y su nombre recuerda otra catástrofe: el fallecimiento del querido animador en el accidente aéreo del CASA 212, ocurrido en septiembre del año 2011.
El campamento es en gran parte una respuesta habitacional de los hogares en Chile ante los efectos marginalizadores del mercado urbano, especialmente, por el alto costo y exigencias existentes en el mercado de la vivienda, principal proveedor de refugio en la nación, orientado exclusivamente a la producción de renta y subsumida a los riesgos de la inversión financiera.
A este mercado de la vivienda, por tanto, los hogares de bajos ingresos son sinónimo de riesgo financiero y por lo mismo no ofrecen soluciones a este segmento de la población. Por otro lado, el Estado, que subsidiariamente busca proveer de soluciones a este grupo, tiene que acudir al mismo mercado para producir dichas soluciones y, en lo concreto, el sistema de acceso a una vivienda segura en Chile es un gigantesco oxímoron entre causa y efecto, donde los campamentos y su abrupto aumento en los últimos años refleja un sistema cíclico de crisis de la vivienda, similar al de los commodities del que depende nuestra nación.
Según datos del PNUD, las soluciones habitacionales por la vía institucional en Chile tardan en promedio 7 años, solución que claramente no ha llegado en los 11 años de existencia del campamento Felipe Camiroaga.
En Chile, el acceso seguro a la vivienda depende en gran parte del poder de compra. Datos de la CASEN 2020 indican que en las viviendas informales de Viña del Mar los hogares tienen un ingreso aproximado de 541 mil pesos, y que cerca del 29% de ellos no tiene acceso a la red pública de agua. Existe interés público por avanzar en procesos de recuperación posdesastre del área dañada en Viña del Mar y es buen momento para activar la capacidad de agencia de la comunidad para organizar soluciones definitivas en un territorio que siempre está en riesgo y que habitualmente aparece en prensa por los incendios.
Es fundamental que la comunidad logre que el Estado explique con evidencia empírica por qué no ha resuelto previamente los problemas que impiden asegurar la calidad de la vivienda y eliminar la vulnerabilidad del área afectada, con el fin de evitar que se repitan soluciones que ya fueron ineficaces en el pasado.
Recordando la pregunta de Cathrin Brun y Ragnhild Lund ante el tsunami de Sri-Lanka, ¿Cómo rehacer un hogar desde este desastre? No existe un recetario que asegure el éxito, pero algunas estrategias pueden ayudar a lograr que el proceso de reconstrucción se base en las reales necesidades de la población afectada.
Chile ha abrazado, con fuerza y apretadamente, la idea de un estado financista que inyecta recursos a un mercado ejecutor de soluciones, donde la ciudadanía opera como una clientela a la cual entregar productos y servicios según sus necesidades. Es por esta razón que en la recuperación posdesastre en Viña del Mar es fundamental que la comunidad se organice críticamente para asegurar que las respuestas a recibir sean óptimas y aseguren que estos desastres no volverán a ocurrir.
