El encuentro contó con las exposiciones del presidente del Colegio de Arquitectos de Llanquihue, Sebastián Bruna, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pablo Allard y el asesor jurídico de Chile Rural, Felipe Riesco. Además, participaron los senadores Iván Moreira y Ricardo Kuschel.
En el Centro Cultural Molino Machmar de Puerto Varas, se realizó el seminario “Vida rural y la libertad dónde vivir”, el cual puso término al ciclo de charlas organizadas por Chile Rural A.G, donde distintos profesionales, durante noviembre y diciembre, abordaron en profundidad la subdivisión de predios rústicos.
El encuentro contó con las exposiciones del presidente del Colegio de Arquitectos de Llanquihue, Sebastián Bruna, el arquitecto Pablo Allard y el asesor jurídico de Chile Rural, Felipe Riesco. Además, participaron los senadores Iván Moreira y Carlos Kuschel.
El presidente de Chile Rural, Tomás Prado, realizó un saludo de bienvenida donde manifestó que “esta última charla va en la línea técnica de cómo creemos que debería avanzar el tema de una ley futura. Quisimos dar una mirada bien objetiva, transversal, no sesgada en una línea, sino como creemos que hay distintas miradas para afrontar este tema y desarrollarlo de mejor forma para una futura ley y mejorar este rubro”.
Por su parte el asesor jurídico de Chile Rural, Felipe Riesco, explicó que tras la resolución que sacó el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) en junio de este año “nosotros presentamos una nulidad de derecho público para este acto y pedimos una prejudicial precautoria, una medida cautelar de paralización de los efectos de esta circular que fue concedida el día 21 de noviembre por el 7mo Juzgado Civil de Santiago y fue ratificada recientemente como judicial y se mantiene durante todo el juicio”.
Agregó que “el Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso de reposición que fue rechazado y una apelación que se verá prontamente en la Corte de Apelaciones”. Además, anunció que ayer desde Chile Rural “hicimos presente en el tribunal lo que a nuestro juicio constituye un incumplimiento a la medida cautelar por parte de los directores regionales del SAG, al menos tenemos dos que oficialmente a través de correo electrónico señalan que para ellos sigue vigente la circular y la están aplicando en la tramitación, lo que abiertamente es ilegal y constituye a nuestro juicio un desacato de lo ordenado por los tribunales de justicia”.
El encuentro también contó con la exposición del decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pablo Allard, quien recalcó que “vemos que hoy en día hay una carencia de instrumentos para poder ordenar y orientar la subdivisiones rústicas, se está utilizando un mecanismo que viene del mundo de la agricultura y no del mundo de la planificación urbana y lo que vamos a plantear hoy son distintas alternativas desde la planificación que permitan efectivamente que aquellas personas que adhieren a un estilo de vida rural lo puedan hacer y que esto sea en armonía con la actividad agrícola, con la conservación y también con el desarrollo más equitativo y justo para todas nuestras ciudades y también para las personas que viven fuera de ellas”.
Parlamentarios
Durante el encuentro también participaron senadores por la Región de Los Lagos, quienes entregaron sus impresiones respecto al tema. El senador Carlos Kuschel señaló que “en su mayor medida el gobierno está equivocado, creo que esto hay que regularlo, pero para permitirlo, permitirlo en buena forma, no prohibirlo, porque si no esto nos va a rebotar por otro lado, porque esto es consecuencia de dificultades urbanas y en parte por la capacidad de compra y de construcción de viviendas”.
Por su parte el senador Iván Moreira enfatizó que “aquí hay un derecho que hay que respetar, el derecho a vivir en otro lugar, y para eso existe y hay que hacer más regulación y normas para que esto salga lo más transparente posible y no se preste para malos entendidos, no por unos, tienen que pagar otros”. Agregó que el gobierno o algunas autoridades “han confundido a la opinión pública, porque dan a entender como que esto fuera lo mismo que los loteos brujos, aquí no estamos hablando de loteos brujos, esa es otra materia, es otra ley, aquí estamos hablando de proyectos de parcelaciones que cumplen con los requisitos que la ley establece. Ahora, si vamos a aumentar los requisitos, esa es una salida, pero hoy día se está cumpliendo la ley y quien no cumple la ley es el gobierno, porque no puede ser que funcionarios estén tomando una representatividad en el poder de fiscalizar y decidir qué se hace y no se hace, pasando a llevar, no solamente a la ley, también al Congreso Nacional que es el que está llamado a legislar en esta materia”.
