Se confirmó detrimento patrimonial municipal por mal manejo de causas judiciales, descontrol financiero en cuentas bancarias e incumplimientos reiterados a la legislación laboral, en perjuicio de los funcionarios municipales, son algunas de las faltas detectadas. La actual administración municipal envió antecedentes a Contraloría y no descarta acciones legales.
En una sesión de Concejo Municipal extraordinario se presentaron los resultados de la Auditoría que la actual administración de la Municipalidad de Puerto Varas efectuó del período anterior, correspondiente a la encabezada por el ex alcalde Ramón Bahamonde, donde se detectó sólo en mala gestión de causas judiciales una pérdida de más de 480 millones de pesos.
De acuerdo al informe de 253 páginas, entregado por la empresa auditora Fuenzalida y Auditores Asociados Ltda, se revisaron los procesos financieros, contables, bancarios, legales y patrimoniales de la Municipalidad de Puerto Varas y del Departamento de Salud Municipal, en el período comprendido entre el 6 de diciembre de 2016 y el 27 de junio de 2021.
Entre los resultados se confirmó lo que la actual administración puertovarina ya había detectado respecto a causas judiciales que no habían sido cerradas frente a tribunales, tampoco informadas en el acta de traspaso desde la administración Bahamonde, por lo que la administración de Gárate logró detectar esta situación cuando el municipio fue requerido por la justicia.
De acuerdo a la auditoría, se trata de 101 causas judiciales de tipo laboral, lo que implica pérdidas para el municipio por un monto de $481.612.504 pesos, aunque un detrimento patrimonial proyectado por los consultores arrojó una pérdida proyectada de $923.875.241 pesos. En ese sentido, la auditoría concluye que el pago de indemnizaciones por $911.053.245 pesos se podría haber evitado de haberse cumplido por dicha Administración con lo ordenado por la justicia.
En otro ámbito se detectaron serias falencias que dan cuenta de irregularidades graves y reiteradas en las áreas de finanzas, contabilidad y en definitiva, que se expresa con la inexistencia de certezas en las conciliaciones bancarias del período auditado.
Asimismo, los auditores concluyen que existen responsabilidades administrativas en los procesos detectados de la administración Bahamonde. Dichas responsabilidades – según el informe- recae en la unidad jurídica, unidad de control interno y el alcalde que ejercía el cargo en ese período.
Desde la actual administración, el alcalde Tomás Gárate, dijo “hay distintos hallazgos, uno en cuanto a los saldos iniciales de caja, es decir existen recursos en las cuentas corrientes que no han sido identificados de dónde provienen y eso con todas las dificultades que tiene y con las dificultades contables que acusa y al mismo tiempo existen recursos que no han sido percibidos y no han sido recaudados por el municipio, tanto de licencias médicas o el cobro de derechos de aseo. Ahí es importante aclarar que nosotros no estábamos esperando la auditoría para avanzar desde el 2020 a la fecha hemos aumentado en más de 50 por ciento la recaudación por parte de derechos de aseo porque es parte de nuestra política de ingresos y es parte de los recursos que requiere nuestra comunidad para que podamos avanzar”.
En ese sentido, la autoridad comunal, informó que los resultados de esta auditoría ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República, mientras que en el ámbito interno ya se encuentran en curso dos sumarios por las irregularidades detectadas en materia de causas judiciales y conciliaciones bancarias, que constituyen las dos grandes áreas que requieren investigaciones profundas. Asimismo, se indicó desde el municipio que no se descarta nuevos procesos sumariales y/o elevar estos antecedentes a la justicia.
En el ámbito interno el alcalde Gárate, indicó que se adoptarán medidas para la mejora de procesos “El resultado de la auditoría fue clara, se establecen responsabilidades administrativas y en detrimento del patrimonio municipal y esas son responsabilidades que nosotros vamos a buscar en causa civil o causa penal, tanto con el Ministerio Público como con el Consejo de Defensa del Estado para cumplir con la restitución de los recursos que fueron perdidos y esa responsabilidad no se extingue y vamos a perseguir”.
La auditoría:
El proceso de auditoría fue una decisión aprobada por el Concejo Municipal al inicio de la actual administración. En ese entonces se acordó recurrir a financiamiento SUBDERE para la contratación de una consultora que llevara adelante el proceso. Cabe señalar que el monto disponible para cada municipio por parte de la SUBDERE no superaba los 15 millones de pesos, lo que llevó al fracaso de los procesos de licitación por lo que la Municipalidad de Puerto Varas, determinó financiar la auditoría con recursos propios para lograr la adjudicación de dicha licitación.
Para la contratación de la auditoría se destinaron 45 millones de pesos, en el presupuesto municipal del año 2022. En la licitación ID. MERCADO PÚBLICO Nº 2852-17-LE22 postularon 3 oferentes, uno de los cuales quedó fuera del proceso por falta de antecedentes. Finalmente, terminó por adjudicarse a FUENZALIDA Y CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA por un monto de 27 millones de pesos.
Para mayor transparencia del proceso y seguimiento, el municipio puertovarino, determinó como contraparte municipal un comité técnico integrado por la Dirección de Control, Secretaría Comunal de Planificación y Administración Municipal, además de concluir el proceso con la entrega de informe y conclusiones directo al Concejo Municipal en sesión pública, tras 5 meses de trabajo.
