CONTRALORÍA DA RAZÓN A CONCEJAL, JUAN LUIS AÑAZCO POR IRREGULARIDADES EN LICITACIÓN POR SUMINISTRO DE MANO DE OBRA EN MUNICIPIO DE PUERTO OCTAY.
Los montos indica la contraloría superan los 624 millones de pesos
La Contraloría Regional de Los Lagos realizó una investigación especial por la denuncia relativa a eventuales irregularidades en el contrato de Suministro de mano de obra de la comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno.
De acuerdo a la investigación realizada, se concluyó que se vulneraron varias leyes y normas por parte de la Municipalidad, entre ellas la Ley de Compras Públicas, dictámenes de la Contraloría General de la República y el propio contrato.
“Usando las facultades fiscalizadoras que la ley nos entrega, hicimos una serie de denuncias a Contraria por un convenio de suministro de mano de obra por más de 600 millones de pesos debido a que en su oportunidad nos percatamos de una serie de incongruencias como el pago de viáticos a personas que no son funcionarios públicos, vulnerarios a la ley de compras públicas y otras acciones que son sospechosas y que no responden a la ley de compras públicas establecidas por la contraloría”, señaló el concejal, Juan Luis Añazco.
También – dijo el Concejal, Añazco – el ente fiscalizador localizó en algunos puntos de lo investigado como irregulares, en la existencia de facturas por montos superiores al monto máximo establecido en las bases de licitación; y el hecho de no haber cobrado multas que procedía cobrar al contratista.
Junto con el pago de viáticos del Municipio de Puerto Octay a personal de la empresa, lo que no procede ya corresponde solo a quienes tengan la calidad de funcionarios Públicos y dichos gastos deben ser asumidos por el contratista No por municipio. Además de no cumplir con el número mínimo de trabajadores ofertado mensualmente, expresó la autoridad, Juan Luis Añazco
A consecuencia de estas irregularidades además se ocasionaría un perjuicio en el presupuesto municipal. Debido a todo lo anterior la Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario a fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios que correspondan.
Le agregaría, que lo expuesto por la contraloría y denunciado por Añazco no debería perjudicar de forma alguna los contratos o finiquitos de las personas que prestan servicios al contratista.
