OCUPÉMONOS Y DEJEMOS DE LLAMARLOS DESERTORES
Por Paula Montes, directora ejecutiva de Fundación Súmate
Hasta el optimista más empedernido no podría celebrar los resultados de la CASEN 2022 en relación a niños, niñas y adolescentes. Al igual que sucede con la pobreza por ingresos, todos los grupos etarios disminuyen también su pobreza multidimensional en relación a la encuesta de 2017. Pero en uno y otro indicador, la población de menor edad sigue siendo la más pobre y vulnerable.
Eso no cambia.
Lo más grave es que la pobreza afecta de modo distinto y más profundo a niños, niñas y adolescentes que a los adultos. Considerando el proceso de desarrollo biológico, sicológico y social que caracteriza a la infancia y a la adolescencia, nacer y crecer en pobreza disminuye la probabilidad de que niños, niñas y jóvenes puedan alcanzar el máximo potencial de sus capacidades. Vivir la edad temprana en contextos marcados por carencias materiales, violencia en el entorno y la familia, prácticas de estigmatización y bullying, actúa como barrera a la formación plena e integral. Esto impacta negativamente en el desarrollo de capacidades y dificulta la inclusión en espacios sociales relevantes, como el sistema educativo, por ejemplo, exponiéndolos a más y más experiencias adversas presentes y futuras.
Haciendo foco en los números, se observan brechas en la pobreza por ingresos evidentes en subgrupos específicos. Mientras el 10,5% de las personas entre 0 y 17 años nacidas en Chile está en situación de pobreza por ingresos, esta cifra se eleva al 17,7% de los nacidos fuera de Chile. En relación a diferencias por zonas, el 9,8% de las personas entre 0 y 17 años que viven en sectores urbanos se encuentra en situación de pobreza por ingresos, en contraste con el 16,3% de los que viven en zonas rurales. Y el 10,1% de las personas entre 0 y 17 años que no pertenecen a pueblos indígenas está en situación de pobreza por ingresos, en contraste con el 13,2% de los que sí pertenecen a pueblos originarios.
Recién acabo de asumir la desafiante tarea de dirigir Fundación Súmate, que se ocupa de la inclusión educativa. Esa es una manera de decir positivamente que trabajamos para reinsertar en el sistema escolar a los 227 mil niños, niñas y adolescentes que han sido excluidos y están privados de su derecho a la educación.
Muchos me han preguntado cómo y por qué esos estudiantes “desertan” y yo me empeño en hacer la diferencia: esos niños y niñas no son desertores, como se suele decir, atribuyéndoles responsabilidad en ese abandono. Son víctimas de un sistema que desecha al complejo. Al que es pobre y, por eso, acarrea una serie de problemas: de aprendizaje, familiares, conductuales.
La pobreza por ingresos se estima contrastando los ingresos que recibe un hogar con la cantidad de miembros que lo componen. A menos integrantes que generen ingresos y más que no los generen, mayor probabilidad de estar por debajo de la línea de la pobreza. Por esto, la pobreza tiende a ser mayoritaria en niños, niñas y adolescentes, que son económicamente inactivos, lo que se agudiza en los que viven en hogares monoparentales: el 16,1% está en situación de pobreza versus el 9,4% de los hogares donde están los dos padres presentes.
Luchar contra la inasistencia, la desescolarización y el abandono escolar es complejísimo, más cuando la tentación de la plata fácil, de lograr reconocimiento por el miedo, de convertirse en bacán a punta de pistola, está a la vuelta de la esquina de todos los territorios vulnerables. Esto no es estigmatizar. Es constatar una realidad, que la CASEN 2022 nos confirma, envuelta en el papel de regalo que significa un punto más arriba que en los índices de 2017.
Los invito a todos a asumir en serio lo que el gobierno llama “reactivación escolar” y que esperamos el flamante nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo, priorice en su gestión. La invitación es a trabajar para devolver el derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes de Chile, nacidos o no en el territorio. No podemos quedarnos impávidos frente a la pobreza y la falta de oportunidades de quienes deben ser –en cualquier democracia que se respete– sujetos prioritarios de derecho.
