Chile es el único país de América Latina cuyo registro consolidado de deudores incorpora solo información negativa. Un proyecto de ley –actualmente en segundo trámite constitucional en el senado– permitirá corregir esta situación, contribuyendo a optimizar las condiciones de acceso a crédito y prevenir el sobreendeudamiento.
Desde este punto de vista, la iniciativa va en dirección positiva, ya que incentiva la competencia entre instituciones, otorga mayor precisión al historial crediticio e introduce progresos en términos de la gestión de riesgo. Además, quienes en el transcurso del tiempo han mantenido un historial de cumplimiento, podrán acceder a mejores condiciones crediticias por parte de las instituciones.
A la espera de sus últimas definiciones, algunos matices. El primero de ellos, el escenario económico actual. No cabe duda que la implementación de esta medida podría no darse en el mejor contexto para la población: alta inflación, desempleo al alza y un crecimiento sin el dinamismo esperado. Por otro lado, el rol de la Comisión para el Mercado Financiero como ente responsable de su funcionamiento, lo que despierta inquietudes respecto a la carga que el registro le pondrá a este servicio público y si dispone de los recursos y capacidad operativa para gestionarlo adecuadamente.
Con todo, desde la perspectiva del consumidor, se crean condiciones que hacen posible un mejor control del sobreendeudamiento, problemática de alto impacto social y que afecta a millones de personas en Chile. Y, al mismo tiempo, establecerá mecanismos más eficientes en lo que conocemos como el derecho al olvido o la eliminación de las historias listas negras.
La actualización del registro representa, finalmente, una interesante oportunidad para fortalecer los estándares de protección y privacidad de los datos, una dimensión especialmente sensible en los tiempos que vivimos.
Mario Espinosa, director legal Grupodefensa.cl
