El 18-O en perspectiva

Por: Pedro Díaz Polanco, Docente de la Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt.

A cuatro años del 18 de octubre, y en el actual momento político nacional, es necesario que cualquier persona con responsabilidad cívica mire hacia atrás a fin de analizar el presente y así ayude a corregir potenciales errores que pudieran enlodar nuestro futuro.

En primer lugar, considero importante señalar que la mayoría de las reivindicaciones  evidenciadas en las manifestaciones sociales derivadas del 18-O eran legítimas y muy necesarias, especialmente, si se reconoce que Chile es un país caracterizado  por la desigual; no obstante, también es importante señalar que las formas en las que se fueron presentando dichas reivindicaciones crearon un «momento constituyente», el que se vio contaminado con una violencia que provocó un caos social que paralizó al país; algo que no se había visto antes en el Chile democrático.

Gran responsabilidad de esto le corresponde a la clase política nacional, la que durante años priorizó sus intereses particulares, prefiriendo cuidar sus cuotas de poder, perdiendo así la oportunidad de convertirse en un agente generador de confianza pública y en un actor directo en la modernización del país con capacidad de ser un nexo en la sana relación que debiera existir entre el Estado y la ciudadanía. Lo anterior, en función de un Poder Ejecutivo que transversalmente llegaba tarde a atender las necesidades de la población y ocupaba su investidura para proteger la negligencia de los suyos, y, un Parlamento caracterizado por un pobre trabajo legislativo y reconocido por la ciudadanía como un Poder del Estado que no trabajaba para el bien común, sino en función de las expectativas de sus conglomerados y financistas, lo que se ejemplificaba con la nominación de autoridades que protegían sus intereses partidistas y ofrecieran garantías para obviar las responsabilidades individuales de parlamentarios corruptos. Así entonces, la ciudadanía, en su gran mayoría, reconoció a la clase política como una «entidad» ineficiente en mejorar la calidad de vida de los chilenos y servil a los intereses del poder económico, configurándose -en consecuencia- como los responsables de la mercantilización de los derechos sociales, lo que no es otra cosa que ponerle un precio a la dignidad de las personas.

Ante esto, y sin tener el apoyo ciudadano, la clase política -representada en el Parlamento- buscó una salida institucional al Estallido Social. Fue así que se acordó o «cocinó» la «creación» de un «proceso constituyente», el que con reglas instrumentales y un método electoral que favorecía la opción de los partidos políticos, buscaba constituir un órgano capaz de refrendar constitucionalmente las reivindicaciones por los derechos sociales.

Fue en ese contexto en el que se desarrolló la elección presidencial, la que encontró en el miedo a los extremos al factor que explicó el voto de buena parte del electorado en primera vuelta y la elección de Boric como Presidente de Chile en el balotaje.

Meses después se materializó la «cocina constituyente». Ahí se refrendó -no sólo en la elección del método, sino también en la elección de los convencionales- el desprecio ciudadano hacia la clase política tradicional y hacia el Parlamento, ya que a pesar de todos los mecanismos de protección que la élite política estableció a su favor, la ciudadanía le dio la espalda, respaldando mayoritariamente a candidatos que apoyaban no sólo las reivindicaciones sociales, sino también la forma en la que se llegó a ese «momento constituyente».

La polarización, la falta de cohesión y ausencia de responsabilidad en la mayoría de los integrantes de los colectivos extra sistémicos que conformaron la Convención Constitucional, sumado a una centro-izquierda cobarde e inmovilizada por el miedo a la funa política dentro de un contexto refundacional, y una derecha sin fuerza e invisibilizada por el número de escaños que logró, provocaron que el producto constitucional generado en la Convención fuese de pésima calidad, materializándose un amplio rechazo ciudadano a dicha propuesta constitucional, lo que fue un fracaso para los «hijos del octubrismo»; colectivo integrado por el propio gobierno de Boric.

Ante este resultado, y ante el miedo a un despertar de las fuerzas que provocaron el caos en octubre del 2019, el gobierno y la mayoría de la clase política se apuraron en plantear un nuevo proceso constituyente. Saltándose el artículo 5.1 de la Constitución vigente, se realizó un nuevo proceso, el que ahora tendría nuevas reglas a fin de evitar los excesos de una «mayoría circunstancial».

El resultado arrojó la creación de un órgano de expertos, quienes – designados por los partidos políticos con representación parlamentaria- serían los redactores de las normas que posteriormente serían discutidas y analizadas por otro órgano, ahora electo: los «Consejeros». La elección de estos últimos evidenció no sólo el empoderamiento de la derecha y el descrédito de la centro-izquierda y los grupos extra sistémicos que estuvieron presentes en la Convención, sino también una baja en la adhesión ciudadana al gobierno.

Los primeros meses de trabajo de los expertos no significó un mayor revuelo. Los problemas comenzaron cuando los Republicanos, y gracias a su mayoría circunstancial, se empezaron a emborrachar de la misma soberbia que sus opositores habían mostrado en el proceso anterior, presentando enmiendas absurdas y otras que buscaban imponer su visión valórica en un texto que por definición debe ser transversal.

De esta forma, y a cuatro años del 18-O, es posible señalar, y como principales conclusiones, que: -Nuestra clase política se ha seguido desprestigiando, ya que el bien común parece estar fuera de las consideraciones basales en la mayoría de sus decisiones.

-Los nuevos conglomerados políticos se convirtieron en parte del problema, ya que al poco andar asumieron y modernizaron las reprochables conductas de falta a la probidad de aquellos que ellos mismos criticaban.

-La oposición, y que tuvo casi un «respaldo forzoso» de la ciudadanía en el nuevo proceso constituyente, no ha sabido aprovechar su oportunidad, lo que ha quedado reflejado en varios momentos en donde la mediocridad es el mejor calificativo para el trabajo que están desarrollando.

-Por último, y quizás lo más importante, la elección por descarte que favoreció a Boric para llegar a La Moneda y su pobre desempeño como mandatario ha provocado que no exista confianza respecto al futuro del país, lo que condiciona la calidad de vida de la ciudadanía y el cumplimiento de las expectativas que se generaron en el «momento constituyente».