Por: Jaime Fontbona T., Académico del Instituto de Psicología de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt.
Vivimos en un país de emergencias y desastres naturales. A nuestra impredecible geografía de terremotos, volcanes e inundaciones, desgraciadamente en la última década se han venido sumando los incendios y megaincendios forestales/urbanos. Pero lo más lamentable es que, como indican los datos, en su mayoría son de origen intencional. Sean debido a una improbable epidemia de piromanía nacional, una inmoral estrategia de especulación inmobiliaria, o un macabro test de esfuerzo para los gobiernos en temporada estival, los megaincendios se han ido convirtiendo en una brecha de seguridad pública que todavía lucha por colarse en la discusión de seguridad, politizada por temáticas como la infraestructura crítica y la decisión de militares en las calles. Con cientos de víctimas de los fuegos, miles de hectáreas devastadas y varios días de duelo nacional, requerimos una legislación y programas más actualizados para estas crisis estacionales que hace rato vienen superando nuestra imaginación.
Por esto se debe revisar la legislación forestal y normativa de CONAF, que le permita no solo el manejo boscoso, sino fiscalizar y mandatar acciones frente a los riesgos de incendio detectados en predios públicos o privados a lo largo del territorio. De más está decir que en alianza con bomberos, son estas las instituciones más capacitadas para manejar unidades de respuesta rápida que debiesen contar con dotación de voluntarios y transportes aéreos aljibe en cada región.
También necesitamos detener las posibles ganancias indirectas de estos siniestros, impidiendo el cambio del uso de suelo quemados para otras funciones que no sean la restauración. Además, se debe crear una unidad policial especializada en la investigación de estos siniestros, persiguiendo no solo acciones de quemas agrícolas irresponsables o no autorizadas, sino incluso la posible existencia de intereses con horizontes y financiamientos más amplios.
Poco se ha hablado del tremendo daño a terrenos agrícolas familiares que han recibido año a año con estos incendios, sequía y pandemia. Sería importante convocar una mesa intersectorial dirigida por la SEREMI de Agricultura y/o Economía donde estas familias de agricultores puedan ser escuchadas y se pueda analizar estrategias para reactivarlas productivamente, evitando el que caiga en el estancamiento esas economías locales.
Y finalmente, se debe capacitar a líderes y lideresas de la comunidad que puedan hacer acciones de identificación y control de riesgos frente a distintos siniestros y desastres naturales conocidos a nivel local, así como acciones iniciales de respuesta a la espera del despliegue de unidades centrales. Esto se puede lograr creando un programa de entrenamiento civil para jóvenes y voluntarios, similar al servicio militar, pero liderado por una mesa intersectorial de SENAPRED y dirigido a seguridad ante emergencias, incluyendo desde primeros auxilios médicas y psicológicos, hasta la dirección de operativos de evacuación, pasando por el racionamiento y distribución de víveres, restablecimiento de líneas de comunicación, acciones iniciales de salvataje, entre otras. Es posible que medidas como esta no solo nos permitan lamentar menos pérdidas económicas y humanas a lo largo del año, sino que nos ayude a disfrutar de una relación más consciente con las virtudes y amenazas naturales de nuestro diverso territorio.
