Si bien los establecimientos son el lugar en el que deben abordarse, preferentemente, los problemas de convivencia, el proyecto de Ley los responsabiliza y carga con una serie de exigencias, normativas, protocolos y costos que van más allá del propósito, preparación y capacidad de un centro educativo, sin otorgarle los apoyos necesarios, revela el análisis de la organización.

El presidente de la Asociación de Educadores de Chile (ASEDUCH), José Luis Velasco, asistió en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde expuso las inquietudes del gremio- que reúne a docentes y asistentes de la educación de todo el país- frente al proyecto de Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas  presentado por el gobierno y que entró a discusión con “suma urgencia” a comienzos de junio.

El profesor José Luis Velasco señaló, al término de la audiencia, que “hemos traído nuestras propuestas, nuestro análisis sobre el proyecto de Ley de Convivencia Educativa. Creemos que es un proyecto importante, un proyecto que tiene que hacerse, pero hacerse bien, este proyecto que hemos analizado tiene muchas deficiencias”.

Al respecto, el presidente de Aseduch ahondó en que “es un proyecto que le quita más atribuciones a los equipos directivos y a los profesores, que son los que tienen que ejercer la autoridad pedagógica, que es el pilar fundamental sobre el cual se construye la convivencia educativa y que sigue aumentando la intromisión del Estado en los centros escolares”.

El análisis realizado por la Asociación de Educadores, enfatiza que  “pareciera que se desconfía de las autoridades escolares, que se creyera que no son capaces de enfrentar los problemas de convivencia al interior de los establecimientos, y por eso se aumenta la injerencia del Estado en la gestión de los éstos. Por ello, se sigue horadando la autoridad docente, quitándole más atribuciones a los docentes y directivos en vez de devolverle las que les han quitado en los últimos 12 años”.

“El Estado tiene un rol, tienen que hacer las leyes, tienen que poner las normas, tienen que poner los límites, tienen que entregar los apoyos económicos y formativos, pero no puede ser que el Estado se entrometa al interior de los establecimientos, pareciendo que  hay una desconfianza sobre el trabajo que pueden y deben hacer los directivos y los profesores, pero esa desconfianza lamentablemente se ha ido ampliando porque le han ido quitando las atribuciones”, aseveró Velasco.

Asimismo, José Luis Velasco finalizó llamando a realizar cambios importantes al proyecto del gobierno: “muchas veces se les pide a los colegios que se hagan cargo de las situaciones, pero no se les dan las herramientas, no se les dan los recursos. Muchos de los estudiantes requieren apoyos específicos desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, o por necesidades educativas especiales, pero no se les da a los colegios y menos a los profesores esos apoyos, aumentando el estrés y la sobrecarga de trabajo de los docentes y asistentes de la educación. Por eso, estando de acuerdo con la idea de hacer este proyecto, pedimos y lo presentamos hoy día aquí que se le hagan cambios importantes”.