Por Paula Montes, directora ejecutiva de Fundación Súmate del Hogar de Cristo
Mientras el presidente Gabriel Boric celebraba con entusiasmo la presentación del contundente informe “El precio de la inacción” en la sede de la UNESCO en su gira europea, acá en Chile –específicamente en Concepción–, Fundación Súmate del Hogar de Cristo anunciaba con dolor que su escuela de reingreso Nuevo Futuro terminará de operar a fin de año por falta de financiamiento.
Son 120 los jóvenes de extrema vulnerabilidad los que perderán un espacio acogedor donde se les estaba devolviendo su derecho a la educación, capacitando en un oficio y entregando esperanzas de un futuro mejor. Todo por falta de recursos. Hoy trabajamos para reubicarlos dentro de la oferta educativa disponible en la región.
El informe de la UNESCO le pone precio a que 250 millones de niños, niñas y jóvenes en el mundo estén privados de su derecho a la educación. Eso golpea a la economía global en una cifra sideral: 10 mil billones de dólares, lo que equivale al producto interior bruto de Japón y Francia. Hecha la demoledora descripción, el estudio señala 10 recomendaciones a los países para revertir la inacción y avanzar en la reinserción de los excluidos de la educación.
La primerísima dice lo siguiente: “Los Estados deben garantizar a cada niña y a cada niño una escolaridad gratuita, financiada con fondos públicos, durante un mínimo de 12 años. Esa escolarización debe ir acompañada de inversiones en la primera infancia, para sentar las bases del aprendizaje lo antes posible y luchar contra las desigualdades. Así mismo, deben ponerse en marcha programas de ´segunda oportunidad´ para los niños y niñas que se quedaron sin escolarizar o cuya educación se interrumpió”.
Esos programas o escuelas de segunda oportunidad, como los llaman en Europa, son las escuelas de reingreso que acá, como demuestra lo sucedido con la Nuevo Futuro de Concepción, nos vemos forzados a cerrar, porque desde 2021 no se ha avanzado un palmo en una ley de reingreso educativo que las financie.
En su cuenta de X, Gabriel Boric sostuvo: “Tenemos una responsabilidad impostergable: debemos movilizarnos y romper barreras para asegurar que cada niño, niña, joven y adulto, sea hombre o mujer, tenga acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad”. Pero la ley sigue siendo letra muerta sin que nadie la impulse. Las escuelas de reingreso, creadas en 2021 por el Consejo Nacional de Educación, no cuentan con financiamiento en el presupuesto nacional. Hoy se financian con la subvención escolar normal que se paga por asistencia y con fondos concursables que, para el caso de Fundación Súmate, alcanza un promedio de 100 mil pesos mensuales por estudiante. Pero el costo de educar a un joven en una escuela de reingreso asciende a 400 mil pesos al mes. La diferencia se completa con aportes de privados, que son muy difíciles de conseguir, lo que no se condice con la responsabilidad impostergable del Estado, que señala el mandatario en su mensaje.
Hoy ni siquiera sabemos con exactitud cuántos son los niños, niñas y jóvenes que tienen vulnerado su derecho humano a la educación en Chile. La última cifra oficial es de 227 mil excluidos, tal como la validó el ministro Marco Antonio Ávila, antecesor de Nicolás Cataldo, en su momento. Post pandemia, el abandono y la inasistencia han aumentado –se habla de 50 mil que dejan el sistema cada año, de los cuales un 60 por ciento no vuelve al año siguiente–. Pero no hay una cifra oficial actualizada que los mida, lo que también da cuenta de la inacción, pese a los discursos.
Es el Estado el responsable de proveer los recursos que permitan recuperar y ejercer ese derecho. Pero hasta ahora somos nosotros los que ponemos la cara para cerrar la escuela Nuevo Futuro, que era la segunda oportunidad de 120 jóvenes chilenos de la región del Biobío.
