Soledad Quiroz Valenzuela
Subdirectora de gestión del conocimiento, U.Central
El 24 de julio pasado se publicó en la revista Nature una editorial que atrajo muchos comentarios en la comunidad científica: la necesidad de “proteger el tiempo para pensar”. Esta necesaria protección se basa, según la editorial, en retomar el foco en la calidad de la investigación por sobre la cantidad en las evaluaciones de académicos y universidades, una cultura que ha generado menos innovación y más fraudes.
En Chile, estas discusiones se han fomentado desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y el Ministerio de CTCI, las que han modificado algunos de sus parámetros de evaluación para hacerlos más responsables, y no discriminar el trabajo de mujeres, investigadores jóvenes y el trabajo desde las regiones.
En un seminario organizado por ANID y la Universidad Autónoma, la discusión sobre la evaluación justa y responsable de la investigación tuvo un importante espacio de reflexión, con el ejemplo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España, y CoARA (la Coalición para la Reforma de la Evaluación de la Investigación), las que promueven una evaluación más cualitativa de la investigación, reconociendo todas las actividades que llevan a generar una investigación de calidad, y del cual su punto culmine no puede ser solo el artículo.
La Ciencia Abierta y su implementación a nivel global ha sido el principal motor detrás de los llamados por revisar los estándares de investigación y promover un acceso más abierto a los conocimientos, con mayor atención a estándares éticos y transparentes en todo el proceso, incluyendo su evaluación, que, en el caso de nuestro país, se relacionan también con el acceso a fondos del Estado.
Un cambio en la forma de evaluar a las universidades y sus académicos requiere eso sí, un trabajo más colaborativo con otros actores del sistema educativo, como la CNA y el mundo de la innovación y el emprendimiento, tal como está ocurriendo con el proyecto de ley de transferencia tecnológica actualmente en tramitación.
Sin duda las universidades requerirán más tiempo para reflexionar cómo atender a los múltiples requerimientos de una sociedad que cambia rápidamente y que demanda más de sus instituciones.
