Laura Farías Académica Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Universidad de Las Américas, Sede Concepción
En el ámbito de la educación especial, la importancia de la diversidad y la inclusión resuena constantemente, como resultado de años de lucha y reflexión impulsada por familias, colectivos y profesionales comprometidos. Este cambio ha sido un proceso lento, transitando desde un modelo clínico, centrado en los déficits, hacia un enfoque educativo que reconoce y valora la dignidad y la igualdad de todas las personas, como señala la Agenda 2030 de la ONU.
Actualmente, la diversidad es reconocida gracias al acceso a la información, la creciente concientización de las familias, la implementación de políticas públicas y los hitos que han marcado la evolución de la educación especial a nivel global y nacional. Este camino ha incluido importantes avances, como el principio de normalización en los años 70, el Informe Warnock de 1974, que introdujo el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE), y la integración de esta disciplina con la enseñanza regular en los años 80. También destacan la Conferencia de Jomtien en 1990, con su llamado a una «educación para todos», y la Declaración de Salamanca de 1994, que consolidó el derecho a la inclusión.
En el ámbito legal, se han implementado normas clave en Chile, como la Ley N°19.284 (1994), que promueve la plena integración social de personas con discapacidad; el decreto N°170/2010, que define a los estudiantes beneficiarios de la subvención para educación especial; el decreto 83/2015, que establece criterios de adecuación curricular para estudiantes con NEE, y la Ley de Inclusión (20.482).
La educación especial ha experimentado una transformación notable, pasando de un enfoque centrado en el déficit, hacia una visión que respeta las individualidades. Hoy se reconocen las barreras que impiden aprender y participar, y se aboga por los principios de presencia, reconocimiento y pertinencia para el logro de una enseñanza más inclusiva. Esta evolución se sostiene en instrumentos normativos y de gestión que, implementados en los centros educativos, buscan consolidar políticas, prácticas y una cultura que promuevan la inclusión.
En el trayecto a una educación más inclusiva ha de relevarse la apropiación de nuestra profesión y el valor de la formación docente en las distintas instituciones educativas, abrazando la diversidad a partir de una instrucción que brinde recursos y metodologías adecuadas para facilitar el acceso, la participación y el aprendizaje, permitiendo así prácticas docentes que promuevan la inclusión y dignifiquen a nuestros estudiantes y sus familias.
