Dra. Leticia Morales
Profesora de Derecho
Universidad Austral de Chile
Sede Puerto Montt
El fallo reciente de la Corte Suprema donde hizo lugar al recurso de protección a favor de un niño gravemente enfermo, fue criticado bajo la idea de que cuando los jueces distribuyen recursos sanitarios escasos, como lo fue en este caso, reemplazan a las políticas públicas, algo para lo cual no están equipados.
Lo cierto es que la judicialización de políticas sanitarias ocurre en la práctica constitucional latinoamericana desde hace tiempo, como muestran repetidas decisiones de las Cortes de Argentina, Brasil y Colombia. Los tribunales de justicia de la región son actores claves que están implicados en decisiones sobre políticas públicas. En la actualidad no se puede seguir cuestionando la intervención de la Corte Suprema en la protección de derechos como si fuera el siglo pasado. Eso no significa negar que hay un claro desafío acerca del papel de la justicia en estas cuestiones. Este surge porque ciertas materias, como las sanitarias, parecen poco adecuadas para la resolución judicial y caen más allá de sus límites tradicionales. La decisión judicial de que el Estado chileno tiene que pagar un tratamiento de salud costoso desata consecuencias imprevisibles sobre cómo se altera con ella el presupuesto nacional. Es fácil ver que ese tipo de decisiones son acuciantes y complejas porque, además de salvar la vida de un niño, afecta a diversos grupos y personas, también necesitadas de recursos sanitarios públicos, que no fueron oídas en ese proceso.
La vía de afrontar ese desafío está en tomarse en serio la competencia judicial y dar cuenta de las críticas, proponiendo cambios en las formas de intervención de los tribunales. Esta vía es prometedora si consideramos que en tales situaciones los demás poderes públicos muestran su propia incapacidad para proteger el derecho a la vida y a la integridad física del niño.
Este fallo muestra una tendencia de la Corte Suprema hacia la judicialización de políticas sanitarias, en consonancia con otros tribunales de la región. El debate importante no es si está justificada la intervención judicial, sino responder a la cuestión acerca de cuánta judicialización está justificada en la moderna sociedad chilena.
