Dr. Carlos Haefner, Académico Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile.
En los años recientes la discusión sobre los alcances y límites de nuestra modernidad está abierta a diversas perspectivas. Lo interesante es que entre los enfoques más importantes hay coincidencias al destacar que nuestra modernidad es responsable de la escalada constante de temor en las sociedades. Nuestra existencia se va configurando en un marco de incertidumbre y perplejidad. Al decir de Z. Bauman vivimos en una modernidad liquida en que las inseguridades son parte del paisaje cotidiano de nuestras vidas. La inseguridad se transforma, por cierto, en miedo.
En nuestras realidades actuales se precisa según Heinz Bude (2019) medir el miedo frente a fenómenos concretos, como la economía, el desempleo, el cambio climático, las migraciones, la inseguridad ciudadana, salud pública, entre otros aspectos. Esto es alta relevancia pues es sobre estos miedos que los gobiernos diseñan políticas públicas, las implementan y evalúan en virtud de su efectividad para reducir sus efectos en los ciudadanos.
Los diagnósticos que se realizan para identificar y caracterizar los miedos sociales tangibles con base en instrumentos rigurosos –encuestas, grupos focales, paneles de expertos, etc.– permitirían ubicar aquellos temas y problemas públicos que colectivamente generan incertezas/miedos en las sociedades, posibilitando el diseño de una agenda de políticas públicas. Sin embargo, es factible que sus resultados difieran de manera importante cuando se les pregunte a los ciudadanos cómo les afectan esos riesgos en sus comunidades.
No pocas veces los gobiernos actúan en base a creer que sus planes de acción representan la “realidad” de los ciudadanos y, por ende, conocen sus deseos y necesidades. Desarrollan muchos estudios y estadísticas mediante las cuales nos señalan que pueden tendenciar el comportamiento social en diversos escenarios; incluso nos embriagan con modelos de aspiraciones predictivas. Tal vez algunos equipos técnicos con experticia y conocimientos de manejo acertado de grandes datos pueden aportar a ello en forma significativa. Pero algunos hechos recientes de uso de big data a nivel gubernamental más bien han sido una caricatura del uso de esta metodología.
Estamos en una sociedad marcada por una incertidumbre perturbadora, con una rabia contenida y una amargura tácita, no sólo en las relaciones íntimas y el mundo laboral, sino también en la esfera política y los servicios financieros y en respecto de la calidad y oportunidad de la oferta pública.
Las nuevas formas de conflictividad social son el rechazo de la promesa de las organizaciones políticas tradicionales –por parte importante de la ciudadanía– y no es sorprendente el surgimiento de nuevos populismos de diversas tendencias ideológicas que pretenden –y se esfuerzan por difundir su promesa– hacerse cargo del malestar de la ciudadanía.
En cierta forma el riesgo es que el Estado este diseñando políticas públicas para certezas que solo existen en sus limitadas capacidades comprensivas de las tendencias reales de la sociedad actual.
