Carlos Haefner, Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile
La pandemia nos está demostrando nuestra ignorancia en muchos aspectos de nuestra vida y, también, nos ha permito re – conocer muchas problemáticas que ante la crisis se hacen más profundas y cuyos efectos directos afectan nuestras convivencia social y, por cierto, la capacidad de respuesta efectiva de nuestras organizaciones públicas para gobernar las incertidumbres y riesgos.
Nuestros arreglos institucionales sustentados en un marcado y agobiante centralismo se han consolidado en estos tiempos de crisis. El clamor por mayor información y participación de los municipios en la toma de decisiones se ha vuelto una situación insostenible para un sistema público que durante años ha pretendido mostrar avances de modernización subnacional con una semántica grandilocuente pero poco concreta en resultados reales de desarrollo territorial incluyente.
Ciertamente sería temerario plantear que cada territorio debe tomar sus propias decisiones en el contexto de una pandemia. Más bien es estratégico y necesario que ante un escenario cada vez más alarmante y crítico que empieza a atravesar el país, deben existir políticas nacionales / sectoriales que den un marco sistémico y transparente para la toma de decisiones para los agentes públicos, privados y la ciudanía en general.
En los últimos tres días observamos un cambio del discurso oficial, se habla de colaborar y no confrontar. Pero la tónica del poder centralista ha sido justamente lo contario a lo que hoy se solicita. En los últimos dos meses se ha dado la espalda al trabajo colaborativo de los municipios del país. No es novedad para las municipalidades ser buzón de las políticas sectoriales, pero en éste caso ni siquiera muchos alcaldes fueron informados de decisiones cruciales – como cuarentenas – por la autoridad política central. Una mala práctica de gestión que, además, va asociada a una agobiante falta de transparencia de los datos territorializados. Todo esto, desde un enfoque moderno de gestión de gobierno, representa un sistema agotado de hacer las cosas en el siglo XXI. Es probable que un gobierno de otro color político no hubiese hecho mucha diferenciación de estilo, pues es el sistema centralizado de poder que ya no da más.
Hay consenso teórico y metodológico que la eficiencia asignativa es fundamental para implementar políticas y programas públicos a nivel territorial y, por tanto, lograr resultados que generen valor público; en este caso salud publica oportuna y pertinente. De igual manera se sostiene que se debe promover un claro vinculo de relacionamiento virtuoso entre el nivel central (principal) y los municipios (agente) que permita lograr acuerdos cooperativos donde los incentivos sean transparentes y se resuelvan las asimetrías de información entre las partes.
En un sistema público jerárquico y centralizado como el que tenemos , ambas cuestiones no se han podido resolver en condiciones “normales “ derivados de variados interés políticos cortoplacistas y , por supuesto, del hecho que siempre ha primado la desconfianza del centro del poder decisional hacia los gobiernos subnacionales .
Si en un escenario que se avizora como crítico, no se hacen esfuerzos reales por buscar caminos alternativos para superar estos formatos institucionales añejos, será la población más vulnerable del país que pagara el conjunto de los costos, los cuales ya se observan en realidad diaria de millones de chilenos.
Los territorios cada día muestran que son capaces de diseñar y llevar a cabo formulas cooperativas para resolver problemas que los afectan, el capitán social de muchos de éstos es innegable y aportan sustantivamente al desarrollo local. Es cierto también que los municipios sufren por muchos años un déficit estructural financiero derivado de múltiples factores; también es cierto, que no pocos tienen problemas de gestión y en otros encontramos problemas serios de probidad. Pero al final del día, es en el desarrollo municipal en que nos jugamos la descentralización del país.
