Una de las más relevantes consecuencias del Estallido Social fue que la clase política se abrió a la posibilidad de redactar una nueva Constitución. En virtud de ello -y en un nefasto espectáculo que buscó disfrazar los verdaderos intereses de los partidos políticos- la mayoría de la clase política alcanzó el denominado “Acuerdo por la Paz” y por el cual se estableció la necesidad de implementar un plebiscito que determinará si la ciudadanía quiere o no una nueva Constitución.
Sin embargo, y en una clara muestra de egoísmo y ambición por perpetuarse en el poder, los partidos acordaron las formas en la que esto se llevaría a cabo ante el potencial triunfo del Apruebo. Así entonces, se determinó que el 50% no parlamentario que participaría de una Convención Mixta o el 100% de los elegidos en la opción Convención Constituyente serán electos a través del método D`Hont; mecanismo que -desde el punto de vista de la técnica electoral- se utiliza para garantizar la representación de la mayor cantidad de conglomerados y partidos políticos del país, lo que -en consecuencia- implica postergar las posibilidades que tiene cualquier candidato verdaderamente independiente a salir electo.
Así entonces, y ante esta innegable realidad, el Acuerdo Por la Paz se presenta como un instrumento que protege el poder y los intereses de los partidos políticos, invisibilizándose de facto el sentir de aquella ciudadanía que levantó en las calles la reivindicación constitucional.
Desgraciadamente, y a la luz de los hechos, buena parte de la ciudadanía se encuentra “secuestrada” entre el Apruebo y el Rechazo, y no ahonda en un análisis riguroso respecto a las condiciones del proceso.
Ante esto, es esperable que las instrumentales “consecuencias” del plebiscito -y que en general se traduce en una escasa participación de verdaderos independientes a la hora de discutir y redactar una nueva Constitución- queden en evidencia en forma tardía, generándose las condiciones para que se reactive la molestia ciudadana y se potencie la desconfianza que hoy existe hacia la clase política.
Pedro Díaz Polanco
Director de la Escuela de Administración Pública
Universidad Austral de Chile
