Por: Dr. Carlos Haefner, Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile
Hace unos días un experto mexicano en narcotráfico dijo, que en una línea de tiempo Chile se encontraba como México en los años 90, cuando las instituciones policiales aún no estaban anuladas por el crimen organizado. Pero esta es una línea muy delgada, la cual se rompe irremediablemente cuando las instituciones se vuelven débiles y la permisividad es un comportamiento normalizado.
Diversos estudios han tratado de perfilar la relación entre la corrupción y el narcotráfico. Lo que sabemos de ambos es que son el resultado de procesos de deslegitimación del régimen político y deterioro de las instituciones sociales y de la falta de capital social y confianza en la sociedad. En ese contexto, la emergencia y consolidación de la narcopolítica es asunto de corto plazo.
Tendemos a creer que la narcopolítica es asunto de otros países, retratada en series policiales de alto rating que sentimos muy alejadas de nuestras vidas. Sin embargo, el crimen organizado comienza a perfilarse en el país, y la coaptación de agentes del Estado ya no son episodios inimaginables.
Hace unos pocos años atrás se repetía incansablemente que Chile no era una plaza importante de tráfico de drogas, quizá un lugar de paso menor, no obstante, teniendo a países vecinos ocupando los primeros lugares del mundo de tráfico de cocaína. En la actualidad, nos hemos convertido en uno de los principales puntos de salida de drogas con destino a Europa. Por otra parte, según el Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA), Chile se encuentra en el número uno en consumo de estupefacientes, con una tasa de consumo de marihuana sobre el 30%. Con respecto al consumo de cocaína, Chile vuelve a encabezar la lista a nivel continental, teniendo una prevalencia del 2,5% en estudiantes de enseñanza secundaria. A estas alturas, seguir bajando el perfil a esta crítica situación, adquiere ribetes hasta sospechosos.
La captura de las instituciones públicas por el narcotráfico es una situación que no se puede seguir manteniendo en la opacidad, es de seguridad nacional enfrentar la situación en forma sistemática y sin dobles discursos políticos.
Hemos ido observando en tiempos recientes algunos casos que están siendo investigados por la justicia, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito, la presencia de narcotraficantes en puestos públicos e incluso autoridades bajo investigación por supuestos vínculos con bandas de narcotraficantes. Quizá, para algunos estos hechos podrían ser rotulados como anécdotas. No obstante, la experiencia internacional nos señala que cuando se evidencian fenómenos como éstos es altamente probable que los poderosos cárteles ya han comenzado a operar en el seno de las instituciones públicas y políticas.
Cuando los países han decidido tomar en serio esta amenaza, ya la lucha contra la narco corrupción está en una profunda desventaja.
