Un Estado Regional en el horizonte constitucional
Priscilla Brevis Académica Carrera de Derecho Universidad de Las Américas Sede Concepción
El proyecto de nueva Constitución contempla dentro de las normas ya aprobadas por el Pleno la consagración de una forma de Estado Regional. ¿Qué significa esto?
Hasta ahora Chile había sido un Estado Unitario complejo, con una progresiva descentralización, pero donde las regiones no dejan de ser una división administrativa. Sin embargo, la forma de Estado Regional es algo distinto, ya que está dotada de competencias legislativas para dictar normas, tiene una serie de potestades políticas y autonomía financiera. Las regiones tendrían un órgano legislativo y ejecutivo propio, que sería el Gobernador o Gobernadora Regional y la Asamblea Regional.
El borrador de texto constitucional define a las regiones autónomas como “entidades políticas y territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio que gozan de autonomía para el desarrollo de los intereses regionales, la gestión de sus recursos económicos y el ejercicio de las atribuciones legislativas, reglamentarias, ejecutivas y fiscalizadoras, a través de sus órganos en el ámbito de sus competencias con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley”.
Así, además se establece que las regiones estarán dotadas de autonomía política, pero que en ningún caso ello puede atentar contra el carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial.
Esta nueva forma de Estado propuesto en el texto constitucional da cuenta de una necesidad no solo política, sino también económica. El 2009 se consignaba en un informe de la OCDE que Chile era uno de los países más centralizado de la organización, donde la mayor parte de la inversión pública y privada se decidía a nivel central. Esa concentración precisamente generaba desigualdad regional y frenaba el desarrollo país.
La configuración de un Estado Regional permitiría contrarrestar la tendencia a centralizar inversiones lo que, acompañado de un mecanismo de solidaridad regional, impulsaría un desarrollo más inclusivo. Además, permitiría una distribución del poder más profunda y vertical, que es un elemento elemental para las democracias modernas.
