Por Manases Huenuqueo Águila, académico carrera de Derecho Universidad Santo Tomás sede Puerto Montt.

El pasado 4 de julio, la Convención Constitucional entregó la propuesta definitiva de
nueva Constitución al presidente, Gabriel Boric, en una ceremonia que se cumplió con la
solemnidad republicana esperada. De acuerdo con su reglamentación, el órgano constituyente se disolvió para dar paso a un período de dos meses, donde todos nosotros, como ciudadanos responsables, debemos informarnos para decidir la opción a elegir: apruebo o rechazo.

Este proceso no es nuevo. La demanda por una nueva Constitución, en cualquier caso,
estaba sobre la mesa desde hace años en la política chilena.

La Carta Magna actual se redactó en 1980, durante la dictadura Militar, pero tanto al final
del régimen militar como en democracia sufrió importantes reformas. El texto actual, de
hecho, lleva la firma del expresidente, Ricardo Lagos, socialista, que eliminó en 2005,
algunos de las más importantes herencias del régimen autoritario.

En la campaña presidencial de 2009 apareció nuevamente la necesidad de un nuevo
texto. y en el último Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet —entre 2014 y
2018— se llevó a cabo un proceso ciudadano para una propuesta de nueva Constitución. Los cabildos y consultas ciudadanas se hicieron presente en todo el país con poca participación. El resultado de esa iniciativa fue presentado en los últimos días de su mandato y se trabó durante la administración de Sebastián Piñera, quedando pendiente, tras otras necesidades que se consideraron más importantes.

Hoy se ha vuelto a comentar que dicho proceso pudo ser el inicio de una reforma
profunda, lo que finalmente no se concretó.

Pero hoy ya contamos con una propuesta concreta de un nuevo texto, y las últimas
encuestas coinciden en que tres de cada diez chilenos se declaran indecisos, por lo que
resulta una incógnita hacia dónde inclinarán la balanza los más de 15 millones de chilenos convocados a las urnas el día 04 de septiembre. Los expertos electorales ponen, nuevamente, la suerte en la votación de jóvenes y mayores para definir la suerte de la nueva Constitución.

No existe consenso sobre las virtudes y defectos del texto. Para algunos, se trata de una
propuesta refundacional. Para otros, una apuesta por un cambio profundo, tal y como se
necesitaba en Chile. Pero, en lo que no hay mayor discusión ciudadana, y donde además existe cierto beneplácito político, es en que la Constitución actual debe cambiarse, dada la inmensa mayoría de los chilenos que se manifestó en las urnas por el reemplazo de la actual Carta Magna en el plebiscito de entrada de octubre de 2020, sin claridad sobre el camino.

Por ello, es de relevancia y capital importancia, estar atentos a todas las vías oficiales y
formales de comunicación de su contenido, pues ello nos permitirá a todos votar con real
conciencia y asentimiento de lo que queremos o no, en esta nueva Carta Fundamental.

Sea el destino que tenga el plebiscito de salida, la conclusión es que todos consideran necesario un cambio de la situación actual, en el cual estamos llamados a trabajar y
participar cada uno de nosotros.