En el terreno, ubicado en la comuna de Galvarino, se registraron una serie de ataques, incluso el incendio de la casa de los propietarios, lo que contraviene lo dispuesto en la Ley de Presupuestos.
Como “un claro incumplimiento a la glosa de la Ley de Presupuestos para la compra de tierras”, calificó la ONG Campo Seguro la adquisición por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) de un predio de mil 126 hectáreas destinado a la comunidad Antonio Peñeipil Cuel.
Según precisó el gerente de la ONG, Francisco Muñoz Le Breton, la glosa 10 de la Ley de Presupuestos “establece que la adquisición se puede realizar “siempre que los inmuebles cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna forma perturbada, debiendo prelarse de conformidad con el criterio de mayor antigüedad de la fecha de reclamación respectiva”
En ese sentido, la ONG Campo Seguro sostiene que este predio adquirido por Conadi en la Comuna de Galvarino durante el año 2023, ha sido víctima de sucesivos atentados desde 2009, siendo el punto culmine el ataque incendiario de la casa habitación de los propietarios el año 2022.
“Por estos antecedentes, se está incumpliendo claramente lo establecido en la Ley de Presupuesto para el fondo de tierras y aguas; y es un modus operandi que se ha repetido sucesivamente en la compra de tierras en el que se fuerza la venta de los terrenos por medio de actos de violencia e intimidación para lograr el desplazamiento forzado de las víctimas”, argumentó Muñoz le Breton.
Para la ONG, el Estado y particularmente Conadi, ha normalizado este modo de actuar de grupos violentos que son parte de las comunidades beneficiarias, desoyendo el llamado del propio Presidente de la República Gabriel Boric de no beneficiar a grupos que por medio de la violencia inician procesos de reivindicación y logran la compra de los terrenos por parte de esta Institución.
Muñoz recordó que ante este escenario y otros similares «Campo Seguro ha realizado planteamientos a Parlamentarios de Los Ríos y Los Lagos para que incidan en la Ley de Presupuesto para el Sector Público y recientemente se ha realizado el planteamiento de manera formal a la Comisión para la Paz y el Entendimiento para que grupos violentos no accedan a beneficios del Estado vía Conadi».
Recogiendo la postura de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia (Saval F.G.), la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval), la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago A.G.), la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche) y la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Provincia de Llanquihue (Agrollanquihue), la ONG Campo Seguro expresó su crítica hacia el actuar de grupos violentos y posterior validación de la violencia por parte de Instituciones del Estado.
La ONG adelantó que los próximos días «oficiaremos a Contraloría general de la República para que se evalúe jurídicamente esta adquisición, en particular sobre el claro incumplimiento de la Ley de presupuestos, reiterando además el llamado a Gobierno y Parlamentarios a dar celeridad a la tramitación de la Ley antiterrorista”.
