El reciente anuncio de la Fiscalía sobre la solicitud de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en el caso de las Farmacias Populares, es un recordatorio preocupante de la persistente sombra de la corrupción que se cierne sobre la administración comunal en Chile. No es solo Daniel Jadue cuya probidad está siendo cuestionada; la solicitud incluye a otras siete personas, lo que sugiere una trama más amplia y posiblemente más profunda de irregularidades.
Esta situación no es aislada. En los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante desfile de alcaldes, pertenecientes a diversos sectores políticos, enfrentando acusaciones de corrupción. Nombres como Raúl Torreblanca, Karen Rojo, Miguel Aguilera, Virginia Reginato, Juan Godoy o Catherine Barriga forman parte de una lista que parece no tener fin. Estos casos no solo erosionan la confianza en las autoridades locales, sino que también plantean serias preguntas sobre la integridad del sistema político chileno en su conjunto.
Ante este panorama, es evidente que la administración comunal se ha convertido en un terreno fértil para la corrupción. Esto nos lleva a cuestionar la efectividad de los mecanismos de fiscalización existentes y la urgente necesidad de fortalecerlos. La creación de unidades especializadas en fiscalización municipal en la Contraloría, dotadas de los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para llevar a cabo una labor de control tanto preventiva como represiva, se presenta como una medida necesaria para abordar este problema. La corrupción no solo compromete la democracia, los derechos humanos y la economía, sino que, en el caso de las municipalidades, tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos que interactúan diariamente con la administración comunal y cuyas necesidades son satisfechas con los recursos que se asignan a estos órganos del Estado.
En el caso específico de Daniel Jadue, si bien la presunción de inocencia debe prevalecer, es fundamental que su defensa se realice de manera individual y no se convierta en una cuestión de defensa corporativa por parte de su partido político. La tendencia de los partidos de acusar «persecución política» cuando sus militantes son investigados solo contribuye a deteriorar aún más la imagen de estas organizaciones ante la ciudadanía. Es hora de que estas colectividades adopten una postura más transparente y responsable frente a las acusaciones de corrupción respecto de sus militantes. La reacción de Revolución Democrática respecto de los involucrados en el caso Convenios, que implicó suspensión de militancia y expulsión, es la vía correcta.
En conclusión, la corrupción en las municipalidades chilenas es un desafío que requiere una respuesta firme y coordinada de todas las instituciones estatales y de la sociedad civil en general. Solo a través de un compromiso genuino con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora de los sistemas de fiscalización podremos restaurar la confianza en la administración comunal y fortalecer las bases de nuestra democracia y asegurar finalmente que estos organismos honren su deber de estar al servicio de las personas.
Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar
